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Una vez más el presidente de la República, Santiago Peña, desoyó a la ciudadanía que pidió el veto, y promulgó la cuestionada Ley N° 7236, con fecha 5 de enero de 2024, por la cual modifica varios artículos de la Ley N° 7089/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública y deroga los artículos 24, 25, 26 y 28″.
La ley promulgada, de 18 artículos, modifica la normativa vigente y ahora elimina toda obligación de declarar nexos familiares que potencialmente puedan estar vinculados a negociados y también garantiza la impunidad cuando haya incumplimiento de la ley.
Ante el hecho consumado, la senadora Kattya González (PEN) anunció que presentará el proyecto de ley que deroga la normativa N° 7236 que mutiló la ley vigente N° 7089/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública.
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La legisladora indicó que las modificaciones y derogaciones a la ley vigente sobre conflicto de intereses “desvirtúan absolutamente la esencia de esta ley”. Cuestionó que “mutila” y “cercena” obligaciones y abstenciones de autoridades.
“Con esta reforma, se elimina toda obligación del funcionario público, de reportar vínculos con potencial conflicto de intereses con sus parientes”, manifestó.
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Ley contra conflicto fue bastardeada, dice diputada
“Esta ley mutila, deroga la prohibición que tiene el presidente, el vicepresidente, legisladores, ministros de ser proveedores del Estado a través de sí o terceras personas”, sostuvo González, ante la prensa cuando pidió al presidente Peña que vete la bastardeada norma pero finalmente, el mandatario promulgó el viernes pasado.
En otro momento, la senadora González recordó la vigencia de la ley de conflicto de intereses y que en ese contexto algunos parlamentarios ya han incumplido el deber de la abstención, poniendo como ejemplo la votación de Luis Pettengill (ANR, independiente “B”) a favor de la ley de pago de deuda de US$ 600 millones, disponibilidad que beneficiaría a la empresa Ocho A, presuntamente ligada al legislador colorado.
Entre las organizaciones que pidieron a Peña el veto, en un manifiesto, se menciona a Ceamso, Semillas para la Democracia, Fundación Libre, CEJ, Fedem Py, Alter Vida, CIRD, Aimepa, CIIS y Fundación Libre.
“Puertas giratorias”
El Gobierno de las “puertas giratorias”, había calificado al de ANR el diputado Raúl Benítez (PEN). Mencionó los casos de los actuales altos funcionarios en el Gobierno, como Eddie Jara (Petropar), Carlos Fernández Valdovinos (Ministerio de Economía), Lea Giménez (jefa del Gabinete Civil); Claudia Centurión (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), por citar algunos nombres, que del sector privado (vinculados al ex Grupo Cartes) pasaron o regresaron a la función pública.