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Como estaba previsto, el presidente de la República, Santiago Peña, desoyó a la ciudadanía que pidió el veto y promulgó la ley N° 7236, con fecha 5 de enero de 2024, por el cual modifica varios artículos de la ley N° 7089/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública y deroga los artículos 24,25,26 y 28″.
La ley promulgada, de 18 artículos, modifica la normativa vigente y ahora elimina toda obligación de declarar nexos familiares que potencialmente puedan estar vinculados a negociados y también garantiza la impunidad cuando haya incumplimiento de la ley (ver infografía).
Con su decisión, Peña da un mazazo a la lucha contra la corrupción, impunidad y a la transparencia, que prometió en una cumbre de poderes a inicio de su mandato. El presidente de la República con su decisión favorece a su sector político: el movimiento Honor Colorado (HC), liderado por el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes.
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Peña, al igual a que casi todo su gabinete de ministros y titulares de entes, es un ejemplo claro de puerta giratoria. Peña fue director del Banco Central del Paraguay (BCP), ministro de Hacienda y luego pasó al sector privado, específicamente a un banco del ex Grupo Cartes.
Como antecedente, el pasado 13 de diciembre de 2023 la Cámara de Senadores se ratificó en su versión (la más nefasta) y sancionó un proyecto de modificación y derogación de 22 artículos de la actual Ley de N° 7089/2023.
La normativa ahora vigente afecta directamente a este Gobierno, no solo por el hecho de que el Presidente es el principal ejemplo de “puerta giratoria”, como otros ministros de su Gabinete, sino por los casos que ahora saltan de familiares colgados de cargos públicos.
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Como dato no menor, la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez Aldana, emitió a fines de diciembre pasado un comunicado en el que informa que amplía hasta el 30 de abril del 2024 el plazo para presentar declaraciones juradas de intereses.
El ente contralor aclaró que el calendario aprobado no resulta aplicable a los funcionarios públicos que toman posesión del cargo o que cesen en el mismo.