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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación automática de la Ley N° 7214, con fecha 29 de diciembre del 2023, por la cual se aprueba una ampliación de G. 5.550.419.810 para la Corte Suprema de Justicia, a fin de destinarlos a subirles el sueldo a 827 actuarios judiciales.
El Mandatario no tuvo otra alternativa que firmar la normativa, atendiendo que la Cámara de Diputados, el pasado 20 de diciembre del 2023, en el último trámite constitucional, levantó el veto total presidencial, y devolvió al Ejecutivo para su promulgación obligatoria.
El 16 de noviembre pasado, el presidente Peña firmó el Decreto N° 713, por el cual objetó totalmente el proyecto de ley que estipula aumentazos salariales para funcionarios del Poder Judicial.
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En el debate parlamentario, ninguna de las bancadas de los diferentes partidos con representación en Diputados se manifestó a favor del veto.
En el Senado también habían rechazado la objeción presidencial.
Con la promulgación de esta ampliación, un total de 827 actuarios judiciales pasarán de percibir un salario de G. 6.500.000 a G. 8.508.000, lo que implica un aumento de G. 2.008.000 para cada funcionario.
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Ejecutivo se opuso al aumentazo
Inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas había rechazado este aumento por violentar disposiciones básicas, como el no haber consultado siquiera sobre la factibilidad a dicha cartera y carecer de análisis previo respecto a su viabilidad e impacto en el Presupuesto, sobre todo de este año, ya que implicará unos G. 22.201.679.240 que se deberán conseguir.
El Ejecutivo también fundamentó el veto señalando que, de acuerdo con informes proveídos por las dependencias técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas, se observa que el proyecto de ley en cuestión no fue canalizado propiamente a través de la citada cartera de Estado, por lo que no cuenta con un análisis previo respecto a su viabilidad e impacto, lo cual resulta absolutamente imprescindible.
El documento agrega que los aumentos salariales para los funcionarios públicos deben ser analizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con las distintas entidades, teniendo en cuenta factores como la financiación y las fluctuaciones en la recaudación, entre otras justificaciones.