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El mote de “Cámara de la Vergüenza” es un término que se empezó a acuñar principalmente desde el periodo pasado para referirse a la Cámara de Diputados, debido a sus cuestionadas actuaciones, que iban desde apañar a políticos sospechados de corrupción, bajo nivel de debate legislativo, iniciativas en beneficio propio, miembros de la Cámara con procesos penales, entre otros vicios.
El nepotismo sigue campante
Los escandalosos casos de presunto nepotismo que saltaron en Cámara de Diputados a finales del año pasado y que involucra a legisladores de todos los colores son la muestra más evidente de que cambiaron los nombres, no así la nefasta práctica de usar al Estado para ubicar a sus familiares.
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El anuncio realizado el pasado viernes 29 por el presidente de la Cámara Baja, diputado Raúl Latorre (ANR, HC) anunciando un “concurso” para nuevos contratados y una supuesta “investigación” de casos de planillerismo, pero con la nula mención al nepotismo, permiten deducir que los hechos ventilados seguirán tal cual.
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El director interno de Recursos Humanos de la Cámara, Máximo Medina, que supuestamente será el encargado de “investigar” las denuncias, ya sentenció de antemano que no se configura el hecho de nepotismo.
Ignorando las leyes de la Función Pública (N° 1626), Contra el Nepotismo (N° 5295) y la de Racionalización del Gasto Público (Nº 6622), la actual administración de Diputados permitió la contratación de hijos y parientes de legisladores a su cargo, con millonarios salarios e incluso, algunos, sin asistir a la sede legislativa.
Se limitaría aún más el debate
Desde el inicio de este periodo legislativo en julio pasado, el debate, que es la función fundamental del parlamentario, se vio restringido mediante una serie de estrategias, que afectan principalmente a la minoría opositora en la Cámara Baja.
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Primero se recurrió a dividir la atención, estableciendo que coincidieran en fecha y casi en horario las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores los miércoles, siendo lo habitual anteriormente que la Cámara Alta se reúna los jueves.
Luego, ante una seguidilla de casos que afectaban al gobierno de Santiago Peña, la mayoría oficialista que existe en Diputados hizo costumbre dejar sin quorum la sesión ordinaria de los miércoles, a fin de convocar a una extraordinaria posterior pero eliminando la etapa de “oradores”.
Finalmente también se apeló constantemente al cierre de lista de oradores para apurar temas controvertidos. El panorama es aún más desalentador este año. En la última sesión del año pasado, el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), advirtió que haría cumplir el reglamento, y que cada legislador haga uso de la palabra solo una vez por tema tratado.
Aplanadora oficialista hace de pasapapeles
Actualmente, el oficialismo posee en Diputados mayoría absoluta propia, con 43 diputados colorados, más aliados ocasionales en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras bancadas “opositoras”, lo que le permitió este periodo y arrancar el próximo con cómoda mayoría para imponer proyectos.
De hecho, esa fue la constante este periodo, donde, por ejemplo, la Cámara Baja aprobó en menos de 24 horas proyectos sumamente importantes como el que regula el rol contralor del Estado y de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y el proyecto para impulsar el desarrollo del tren de cercanías.
No obstante, esta mayoría también ha permitido perpetrar atropellos, como fue la media sanción del proyecto de ley de “devolución premiada”, que pasó al Senado con nulo debate.
La cuestionada iniciativa de ley presentada por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) plantea beneficiar a administradores corruptos que desfalquen al Estado, obtener penas ínfimas a cambio de “devolver lo robado”, también sirvió de “cortina de humo” para desviar la atención sobre otros temas.
Esta mayoría también permitió al Ejecutivo copar espacios en órganos extrapoder como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Ni siquiera permitieron investigar sospechas
El periodo pasado Diputados también estuvo marcado por apañar a una cantidad de intendentes sospechados de presunta corrupción, cuyas administraciones se solicitaron sean intervenidas. La Cámara de Diputados, sin importar los méritos, terminó enterrando todos los pedidos de intervención que pasaron por sus manos.
En la mayoría de los casos se fundamentaron suficientemente las sospechas y el pedido de intervención no causaba agravio, sino simplemente era una oportunidad de auditar la gestión de un administrador público. Aún así, la Cámara Baja en mayoría optó por salvar en “combo” a políticos cuestionados.
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Este esquema de tratamiento en grupo de los casos facilitó hacer acuerdos basados en la premisa de “vos salvás al mío y yo al tuyo”. Esto quedó evidente al “blanquear” a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA); al hermano del diputado Domingo Adorno e intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, HC), y al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR, FR).
Se repitió luego, al salvar al padre del senador Hernán Rivas, el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas; al de Carapeguá, Luciano Cañete; y Miguel Ángel Gray, jefe comunal de San José del Rosario, todos ellos cartistas (lo dos últimos “convertidos” para salvarse).
Oposición quebrada y con varios satélites
El Ejecutivo no solo cuenta en Cámara Baja con una cómoda mayoría oficialista, sino también con el respaldo habitual de varios satélites, que si bien forman parte de partidos de la “oposición”, no solo no se comportan como tales, sino que incluso repiten los vicios de los que están en función de gobierno.
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tiene 22 diputados y están divididos en tres bloques, donde, sobre todo uno de ellos, se muestra más cercano al oficialismo.
Se trata de la bancada A, que tiene entre sus filas a recientemente cuestionadas figuras como la diputada Roya Torres, sus colegas Alejo Ríos y Cleto Marcelino Giménez, que escandalosamente y sin rubor ubicaron en cargos en la Cámara Baja y con millonarios salarios a sus hijos.
En la bancada PL (Partido Liberal) también se encuentra el expresidente de Diputados Carlos María López, que firmó el primer contrato del ahora exfuncionario de la Cámara Baja Alejandro Ovelar, hijo del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).
En la bancada C liberal, su líder, Arnaldo Valdez, también ubicó a su hermana Ada Valdez Noguera en Diputados. La “multibancada opositora” tiene 9 miembros, pero en rara ocasión logran unificar criterios y la división los hace perder fuerza.