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El ciudadano Lucio Ramón Escobar Gavilán (32) denunció a la seccionalera cartista Aida Molinas Ramírez por supuestamente efectuar un desalojo sin orden judicial en una casa ubicada en el asentamiento Ñande Rogarã, del Km 10 Acaray de Ciudad del Este.
Según la denuncia, Escobar Gavilán residía en una casa desde hace cuatro meses como encargado, luego de recibir la vivienda de Marcia Molinas, quien estaba fuera del país. Sin embargo, ayer apareció Aida Molinas (hermana de Marcia) en compañía de familiares y allegados para realizar el desalojo irregular.
La turba de Molinas arrojó las pertenencias fuera de la casa y causó daños en los objetos ajenos. La cuestionada actuación de la seccionalera cartista hasta tuvo cobertura de agentes policiales del puesto N° 12.
El oficial José Pineda, subjefe del puesto policial N° 12, dijo que acudieron al lugar por pedido de apoyo de sus camaradas del destacamento policial N° 3, en cuya zona se produjo el incidente. Mientras que el subcomisario César Muñoz, jefe del destacamento N° 3, negó el procedimiento.
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Invasión y tierra sin ley
El inmueble en cuestión se encuentra en una villa de la otrora Senavitat, actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que había sido invadida por los familiares y allegados de Aida Molinas en 2017.
Las viviendas de la villa ya habían sido adjudicadas a los beneficiados, pero las casas nunca fueron terminadas y entregadas debido a que la empresa contratista no aseguró la compra de la finca para la urbanización. El proyecto estuvo a cargo de la firma El Progreso SA, vinculada al político liberal Aníbal Fidavel Barreto, y costó G. 10.717 millones.
La invasión de la villa había sido denunciada en el Ministerio Público, pero los fiscales jamás recuperaron las casas ocupadas por los allegados de la seccionalera cartista. Ante la pasividad fiscal, ahora Aida Molinas hasta realiza desalojo sin orden judicial, según la denuncia.
Antecedentes de violencia
La seccionalera registra un rosario de denuncias en la Fiscalía por hechos de violencia que datan de la época en que el clan Zacarías manejaba la municipalidad esteña. En todas las causas había sido blanqueada.
Molinas, que fungía de funcionaria municipal y hasta de concejal, tenía un grupo de personas (asalariadas en la municipalidad) que agredía en turba a dirigentes opositores y periodistas críticos a la administración del clan ZI.