Exjueza Julia Alonso favoreció a exsenador horas antes de ser suspendida por la Corte

La exjueza Julia Rosa Alonso Martínez firmó el insólito fallo contra el Estado, para desocupar un terreno utilizado por el Regimiento Escolta Presidencial, horas antes de ser suspendida por la Corte, debido a un caso de presunto mal desempeño. La resolución en primera instancia que favoreció al exsenador Víctor Galeano Perrone establece también un pago de G. 2.016 millones por supuesto “lucro cesante”. El exministro de Defensa y actual diputado colorado Roberto González dijo que nunca recibió reclamo alguno del exlegislador oviedista sobre la fracción.

Acceso al terreno que el exlegislador dice  es suyo y ahora se le benefició con  su reivindicación.
Acceso al terreno que el exlegislador dice es suyo y ahora se le benefició con su reivindicación.Pedro Gonzalez

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El 20 de noviembre de 2019, la exjueza en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital, Julia Rosa Alonso Martínez, resolvía en primera instancia no hacer lugar a la demanda de usucapión promovida en 2011 por el Estado contra el exsenador Víctor Galeano Perrone sobre un terreno ocupado por el Regimiento Escolta Presidencial. La exmagistrada también disponía la reivindicación de ese predio al exlegislador, previo pago del Estado de una indemnización de G. 72 millones por año desde 1994, unos G. 2.016 millones a la actualidad.

Lo llamativo es que ese mismo día, el 20 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvía suspender con goce de sueldo a la citada magistrada en el marco de una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en la tramitación del expediente caratulado “Visión Banco SAECA c/ Junta de Saneamiento Laurelty y otros s/ Acción Ejecutiva”.

Víctor Galeano Perrone, exsenador oviedista que dice que compró de otra persona la propiedad en el año 1994.
Víctor Galeano Perrone, exsenador oviedista que dice que compró de otra persona la propiedad en el año 1994.

Varios cuestionamientos a exjueza Alonso

La exjueza Alonso, según los antecedentes, tenía serios cuestionamientos en sus resoluciones. Fue denunciada en varias ocasiones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero sospechosamente, todas eran archivadas.

Su suspensión por la Corte se había dado porque en el marco de una causa en la cual ordenó el embargo de un inmueble ubicado en la ciudad de Capiatá, donde están asentados una oficina y el pozo número uno de la Junta de Saneamiento, mediante el cual se provee agua potable a 1.800 usuarios, es decir, a un total de 9.000 pobladores de la zona. Sin embargo, las juntas de saneamiento están en el rango de bienes considerados de uso público, por lo tanto son inembargables e inajenables, tal como establece la ley.

Lo cierto es que la exmagistrada igualmente registraba otros antecedentes como otorgar medida cautelar a una empresa de transporte para permitir la circulación de buses chatarras. Por esto, el actual director de Contrataciones Públicas y exviceministro de Transporte, Agustín Encina, la había denunciado por mal desempeño en sus funciones.

Este mapa satelital muestra   la zona en que se encuentra el Regimiento Escolta Presidencial y sus diferentes dependencias.
Este mapa satelital muestra la zona en que se encuentra el Regimiento Escolta Presidencial y sus diferentes dependencias.

Asimismo, Alonso Martínez, de acuerdo a los registros, en varias ocasiones otorgó medidas cautelares en su mayoría en supuesto perjuicio del Estado.

Julia Alonso, jueza en lo Civil y Comercial, ahora suspendida.
Julia Alonso, exjueza en lo Civil y Comercial.

Por último, la exjueza también es recordada porque dio trámite en 2018 a una acción preparatoria de demanda por parte del condenado por lavado en Brasil, Darío Messer, a través de un poder a su abogada Leticia Bóbeda. Esta acción se hizo mientras el “doleiro” era el prófugo más buscado de la Justicia del Brasil.

Alonso Martínez dejó el cargo en febrero de 2020.

En manos de la Corte

El fallo de primera instancia de la exjueza Julia Rosa Alonso fue confirmado por un tribunal de apelación, el 25 de noviembre de 2021.

El 4 de marzo de 2022, el entonces procurador general de la República Juan Rafael Caballero recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para promover una acción de inconstitucionalidad contra las dos resoluciones judiciales previas contra el Estado y en favor del exsenador oviedista. Este pedido está pendiente de decisión.

“Nunca recibí un reclamo”

“En el tiempo que yo estuve como ministro de Defensa nunca alguien se me acercó a decirme: mire ministro yo estoy pleiteando con el Estado, estoy pleiteando contra el Ministerio de Defensa por este inmueble, qué posibilidad hay de que se me pague por este inmueble así yo desisto de esta acción”, declaró ayer a ABC Cardinal el exministro de Defensa y actual diputado colorado, Roberto González. Fue al ser consultado sobre el fallo contra el Estado para desocupar un terreno usado por el Regimiento Escolta Presidencial y pagar G. 2.016 millones al exsenador Víctor Galeano Perrone.

González, que ocupó el cargo entre 2004 y 2008, señaló que el estudio notarial del título que dice tener el exlegislador será determinante para tener todos los detalles.

Por otro lado, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, señaló a ABC Cardinal que están siguiendo el caso sobre esta propiedad. Están a la espera de la decisión de la Corte, dijo.

“Quiero mi propiedad”

Por su parte, el exsenador Víctor Galeano Perrone, reafirmó ayer que su objetivo es solo recuperar su propiedad y que no está interesado en ninguna indemnización.

Insistió en que el Estado no puede usucapir un terreno privado y el único camino es la expropiación pagando un precio justo. Reiteró que compró la propiedad en 1994 cuando ya estaba ocupada por el Regimiento Escolta, pero, aseguró que ese terreno no es parte de la sede principal.

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