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El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez junto con otros nueve legisladores también colorados y del cartismo: Natalicio Chase, Zenaida Delgado, Pedro Díaz Verón, Erico Galeano, Gustavo Leite, Derlis Maidana, Hernán Rivas, Lizarella Valiente y Javier Odilón “Chaqueñito” Vera (Ind.), impulsa una ley mediante la cual supuestamente pretenden establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
Lo cierto es que Bachi conoce muy bien el no rendir cuentas y la falta de transparencia de una ONG, atendiendo que la Opaci, pese a manejar recursos municipales, se mimetizó como una institución del Estado e incluso se le otorgaron atribuciones públicas mediante la Ley N° 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.
El proyecto presentado habla de la obligatoriedad de inscripción por parte de las ONG en un registro nacional, así como el detalle de las actividades y operaciones que realicen. Asimismo, en cuanto a la transparencia, dice que las organizaciones deben registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y documentos respaldatorios.
Igualmente, según el proyecto, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, otras ONG o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vinculados al uso y destino de los fondos que reciban las organizaciones.
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El legislador colorado, siendo intendente de Villa Hayes (2006-2010), estuvo al frente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). La ONG que se presenta como una asociación privada de municipalidades, recauda millones por la expedición, revalidación y anulación de las licencias de conducir, además del cobro de un porcentaje por la “intermediación” por las operaciones de transferencias y créditos (hipotecas) sobre inmuebles.
Un canon unilateral
La Opaci tiene actualmente un canon de G. 10.000 (establecido en forma unilateral) por la expedición, revalidación y anulación de las licencias de conducir. Se trata de un monto mayor a las propias tasas municipales.
Bachi Núñez primero estuvo como presidente de Opaci y luego fungió de “asesor” de su hermano Ricardo Núñez, quien estuvo como titular de la ONG entre 2010 y 2016.
En el periodo de Ricardo Núñez se pretendió subir el canon de licencias de G. 5.000 a G. 20.000. Sin embargo, luego de la presión ciudadana quedó en G. 10.000, sin que hasta la fecha existan datos certeros sobre el destino de la recaudación de ese dinero.
En 2016, también luego del reclamo de contribuyentes se consiguió que la Contraloría General de la República (CGR) pueda ingresar y realizar un control, pero SOLO del ejercicio fiscal 2015. Ese informe que estuvo por más de seis años guardado reveló el despilfarro de los fondos públicos en un SOLO año, en especial de las comunas.
Convertida en agencia de empleo
El proyecto de ley impulsado por Bachi Núñez y sus colegas cartistas pretende conocer el listado de todos los profesionales o personas contratadas por la ONG que reciben fondos. Sobre este punto, la Opaci es el claro ejemplo de una asociación convertida en un verdadero agencia de empleo.
En el periodo del clan Núñez, la Opaci logró ubicar a una gran cantidad de hurreros como también personas de su entorno. Tan grosero era el manejo que la actual pareja sentimental del legislador colorado, Nidia Lorena Cabrera (exconcejala de Villa Hayes), fue secretaria ejecutiva de la ONG cuando el mismo Bachi estaba al frente.
En Opaci también apareció como funcionario, específicamente con el cargo de sereno de un terreno ubicado en Itauguá, Félix Troche Ruiz Díaz. Este hombre, que es tío de Lorena Cabrera, fue el primer accionista de la empresa Servilim SRL.
La mencionada compañía era la que gestionó el permiso para la construcción de un astillero en Villa Hayes. Esta obra pasa después a ser parte de Astilleros Villa Hayes SA, donde los accionistas son los hermanos Basilio “Bachi” Núñez y Ricardo Núñez Giménez.
Es decir, Félix Troche habría sido solo un testaferro para la obra.
Una situación similar se presenta con Claudine Rojas, que cuando era funcionaria de la Opaci aparecía como la principal compradora de terrenos municipales en Villa Hayes. Coincidentemente, los negocios se concretaron cuando el clan Núñez estaba al frente.
En el último juicio contra el exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado Óscar “Ñoño” Núñez (hermano de Bachi y Ricardo), quedó en evidencia cómo los funcionarios de la Opaci estaban al servicio particular de los Núñez. Raúl Ernesto Delgado Torres, funcionario de esa ONG, pero comisionado a la Gobernación de Presidente Hayes, fue condenado a 3 años de pena privativa de libertad luego de ser hallado culpable como cómplice de la lesión de confianza.