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Senadores cartistas, liderados por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), presentaron un nuevo proyecto de ley que busque “controlar” fondos públicos y privados, así como la agenda de todas las organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro, incluso las que no reciban dinero del Estado. Se descarta así el plan original de modificar Ley Nº 1535/99 ‘De Administración Financiera del Estado” y se plantea una normativa particular.
La nueva propuesta se presentó después que el cartismo amenazara con dejar sin fondos al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) por sus críticas a la retoma del penal de Tacumbú.
Sin embargo, el oficialismo promete evitar malos manejos y proteger la “gobernanza”, la transparencia y la rendición de cuentas. “Tiene que haber un código de ética, una rendición, una supervisión. En esta Ley establecemos que el Ministerio de Economía es el que tiene que controlar la rendición de cuentas”, expresó el senador Núñez.
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Sin embargo, el proyecto realmente pretende controlar en forma autoritaria, sancionar y dejar sin fondos –público o privados– a las ONG y organizaciones sin fines de lucro (OSFL) no alineadas en las políticas estatales del oficialismo. Básicamente, dice que aunque una entidad civil reciba fondos privados, si se mete en temas sociales, podrá ser controlada y sus integrantes perseguidos.
Sobre sanciones, señala que cualquier entidad podrá ser multada desde cien hasta mil salarios mínimos mensuales, es decir, entre G. 268 millones a G. 2.680 millones.
ONGs cartistas, sí
El cartismo inició una avanzada contra las ONGs tras la reculada en la donación de la Unión Europea y la “Transformación Educativa” y en respuesta a entidades críticas al gobierno.
Sin embargo, nunca accionaron contra decenas de denuncias a ONGs creadas por ellos para desviar fondos y manipular dinero de los contribuyentes.
El caso más emblemático es la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), un feudo del clan Núñez, que maneja como una ONG sin control millones de dolares de municipios del país. Varios intendentes y gobernadores, como el destituido jefe departamental de Central Hugo Javier González (ANR, HC) están procesados por incentivar ONGs fantasmas para obras invisibles.