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El proyecto de ley orgánica penitenciaria, que busca establecer un nuevo régimen laboral para funcionarios penitenciarios estableciendo un escalafón salarial y que se rijan por un sistema de ascenso y retiro similar a la de policías y militares fue aprobado hace casi un mes en general. Sin embargo, el estudio en particular (artículo por artículo) sigue siendo dilatado, ya que ni siquiera se tiene aún una postura clara por parte del Ministerio de Justicia.
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El pasado martes, el ministro Ángel Barchini concurrió ante una sesión conjunta de varias comisiones en Diputados para ser consultado al respecto, pero según reclamaron diputados como el Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), este denotó desconocimiento sobre el tema.
No obstante, en la sesión ordinaria del pasado miércoles, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Hugo Meza (ANR, oficialista B) pidió la postergación del estudio del proyecto por una semana, atendiendo a que esa mañana el Ministerio de Justicia remitió su parecer.
No obstante, dicho documento volvió a ser retirado casi de inmediato, con la promesa de realizar otros ajustes, que aún faltan, y sean puestos a consideración de las comisiones y posteriormente del pleno de la Cámara Baja.
Entre los puntos más resaltantes del borrador de documento que remitió la cartera de Justicia destacan algunas reforman en los capítulos relacionados a la escala salarial y lo referente a las jubilaciones (retiro).
El proyecto original establece la escala salarial, que van desde el rango menor (nivel I), que corresponde a agente penitenciario ayudante al cual corresponde un salario base equivalente a un salario mínimo y medio, hasta el de Agente Penitenciario Director (Nivel VI), al que le corresponde un salario equivalente a seis salarios mínimos.
En la propuesta preliminar remitida por Justicia, se elimina la mención sobre los montos, y solo hacer relación al sistema de duración de los niveles, es decir, plazos para que se den los ascensos.
Otro tema preocupante es lo relacionado a la jubilación, la propuesta original establece que los agentes deben ingresar a la carrera entre los 18 a 22 años y deben retirarse a los 30 años de servicio con 100% de su aporte, lo que haría que se jubilen con 48 años de edad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la caja.