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La Mesa Directiva del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar (ANR, Honor Colorado), se reunirá hoy a fin de establecer el orden del día para la penúltima sesión ordinaria de este periodo, donde todos los ojos estarán centrados en ver si vuelve a incluir en el orden del día el proyecto “por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones”.
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Esto debido a que no pudieron reunirse el pasado jueves (su día habitual) debido al asueto declarado en víspera de la festividad religiosa de la Virgen de Caacupé, en cuya misa central uno de los puntos álgidos de crítica realizados en la homilía fue precisamente el cuestionado proyecto que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones.
La semana pasada, el intento de tratamiento a las apuradas de este proyecto se vio frustrado debido a que senadores opositores, aprovechando la ausencia de algunos oficialistas, dejaron sin quorum la sesión.
Esta medida política evidenció incluso la intención de atropellar el reglamento de la Cámara, ya que el senador y líder de bancada de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, incluso planteó llevar a votación el proyecto sin que haya el quorum mínimo.
Todo esto se dio en medio de protestas en varios puntos del país de gremios y sindicatos de trabajadores, así como asociaciones de jubilados, que exigen al menos una discusión más amplia del proyecto del Ejecutivo, que a medida que iba siendo criticado, se planteaban reformas de forma poco seria, a través de las redes sociales y sobre la hora.
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Jubilaciones y pensiones: posibles modificaciones
También hoy, para las 9:30 está fijada la reunión ordinaria de la Comisión de Legislación, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC), donde según había adelantado el legislador, se podrían plantear modificaciones a al menos dos de los artículos más cuestionados del proyecto de ley.
Puntualmente se refirió al artículo 31 relacionado a la “protección legal en la adecuación e intervención”, que según la propuesta del Ejecutivo, establece que “ni los funcionarios de la superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones”, algo que claramente podría prestarse a dar impunidad a posibles funcionarios que incurran en malos manejos administrativos. Ahora plantearían testar (eliminar) dicho artículo.
Por otra parte, respecto al artículo 43 que se refiere a las “derogaciones”, el proyecto del Ejecutivo plantea testar el artículo 27 del Decreto - ley 1860/50 que modifica la ley que crea el Instituto de Previsión Social.
Este artículo que plantean derogar con la nueva ley hace relación a la “seguridad, beneficio social y rentabilidad de inversiones” y que establece taxativamente los rubros de inversiones que tiene permitido el IPS.
El temor con esto es que el Estado pueda meter mano en los fondos jubilatorios del IPS, una de las pocas cajas aún con superávit, a cambio de bonos del Estado.
Según refirió Maidana, para evitar esta posibilidad, plantearían introducir una disposición en el artículo 43, que establezca taxativamente que “los fondos del IPS no podrán ser prestados al Estado, a los municipios y gobernaciones”.
Otro punto al que habrá que estar atento, y que al menos hasta el momento no se planteó que sea testado es el inciso b del artículo 11 del proyecto del Ejecutivo.
Este establece que “las Entidades de Jubilaciones y Pensiones (EJP) solo podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en: b) Bonos o Títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay, registrados en la Superintendencia de Valores”.
Esto es sumamente cuestionado debido al alto nivel de endeudamiento del Estado y la deficiente gestión con el dinero prestado.