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El rotundo rechazo fue expresado hoy en una audiencia pública convocada en el Congreso para debatir el proyecto de ley que busca modificar los artículos 3º, 40º y 43º de la Ley Nº 1535/99 ‘De Administración Financiera del Estado”, presentados por senadores cartistas liderados por Basilio Núñez.
María Victoria Rivas, Centro de Estudios Judiciales (CEJ), denunció que el proyecto atenta contra el Estado y el Principio de derecho y busca controlar fondos sin diferir entre los transferidos por el Estado de los creados en forma privada. Dijo que también atenta contra la sociedad civil y que su mensaje es del autoritarismo “alejando” al Paraguay de democracias como Chile y Uruguay para buscar imitar a la Nicaragua de Somoza.
Estela González de Rasmussen, del Denide, sostuvo que el proyecto es inconstitucional y que busca desmeritar las políticas públicas impulsadas por la sociedad civil.
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Natalia García, de Sonidos de la Tierra, sostuvo que el proyecto se estaba estudiando en forma apresurada y que atenta contra la esencia de las organizaciones que trabajan por la libertad y democracia. “No todas estamos en la misma bolsa”, dijo al reconocer que existen ONGs. cuestionadas.
Raúl Quiñonez, Centro de Estudio Ambientales y Sociales (Ceamso), dijo que gracias a estas organizaciones se llegaron a logros como el acceso a la información pública. Acusó al proyecto de buscar limitar a los ciudadanos el poder organizarse libremente y advirtió que Paraguay firmó convenios internacionales que protegen estas entidades. “Este proyecto coarta la tercera pata de este sistema democrático, que pasa por la participación ciudadana”, dijo al aclarar que no están en contra de mayores regulaciones.
Molesta control civil a políticos, dicen
Dante Leguizamon, de Codehupy, institución coordina unas 40 organizaciones, dijo que este proyecto busca limitar y restringir la participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Recalcó que estas entidades ya están en todo tipo de registros como la Seprelad, el Ministerio de Economía y en Tributaciones.
Repudió que el proyecto busque obligar a las entidades que quieran trabajar con el Estado a introducir toda su cooperación internacional dentro del Presupuesto General de Gastos, lo cual afecta la libertad de asociación. “Lo que molesta es nuestro trabajo contralor. Buscan satanizar y cercenar la libertad de expresión”, aseveró.
Gobierno anterior hizo lo mismo
Raúl Monte Domecq, miembro del Comité Ejecutivo de POJOAJU, una asociación de ONGs, dijo que durante el gobierno pasado, el entonces diputado y hoy senador, Colym Soroka (ANR), también intentó crear el INOGUFIL, una entidad que reúna a todas las organizaciones cuyo titular debía ser electo por el presidente de la República para controlar sus fondos y cuentas bancarias.
Sostuvo que ambos proyectos le hacían recordar la dictadura stronista y que son impulsadas por el pensamiento autoritario y la ignorancia. También destacó que hasta la OPACI, una organización de intendentes que manejan discresionalmente fondos públicos, pasarán a ser controladas.
José Amarilla de la Apamap, para la atención a Personas con Discapacidad, dijo que todas las entidades ya están controladas por la Seprelad.
Quieren los fondos que vienen del exterior
Luz Maria Schembori, del Club de Leones, recordó que esta organización hace atenciones clínicas a miles de personas en barrios de todo el país.
Mariano Bareiro dijo que la ley va a “matar” a todas las comisiones vecinales del Paraguay, las cuales salvaron miles de vidas con sus ollas populares durante la pandemia. También citó una larga lista de leyes que el proyecto violaría y recordó que las comisiones vecinales son la base de la democracia, ya que todo político se inicia en este tipo de actividades.
María Eugenia Arce, del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), sostuvo que el proyecto es represivo y que intenta absorber la cooperación internacional para darle uso político.
Finalmente, Paula Carro, jefa de Gabinete de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dijo que si bien valoran que se busque mayor control al dinero público, se oponen a que los gremios tengan este control.