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Santiago Peña asumió la jefatura de Estado el 15 de agosto de este año con su promesa de que los paraguayos “estaremos mejor”. Además juró respetar la Constitución Nacional y las leyes, defender la seguridad jurídica, que promueve en sus viajes al exterior.
Pero, en estos 100 días de Gobierno, el Presidente de la República pisó su palabra y su imagen se deterioró por varios hechos, (ver infografía). Se agravó ayer con el atropello a la Constitución Nacional al forzar el ingreso de la exministra de la Corte, la cartista Alicia Pucheta, como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (CM).
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Peña, asimismo, se vio envuelto en varias reculadas que desgastaron su gestión en los primeros tres meses de Gobierno. Entre los más sonados, citamos la derogación de la donación de la Unión Europea (UE) para la educación paraguaya.
Fue una promesa electoral del movimiento Honor Colorado (HC), cuyo jefe es el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes. Se consumó la estafa y desnudó la farsa montada en torno a un discurso provida y profamilia, reflejada en los ocho senadores cartistas que votaron aquella vez por archivar la norma que pretendía derogar la Ley 6659/2000, que aprueba la donación de 38 millones de euros.
Otro escándalo que golpeó al Mandatario fue el cuestionado proyecto de ley de autoría del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, por el cual se pretendió despojar de 131 hectáreas a la finca 916 del Ministerio de Defensa Nacional, situadas en el sector conocido como Jardines de Remansito.
Peña se vio forzado a vetar el proyecto de despojo de las tierras, donde varios construyeron ostentosas casas, con piscina y muelle privado a orillas del río Paraguay. De ahí ganaron el mote de “ocupantes vip” de tierras del Estado.
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Otro caso fue el que salpicó a Petropar, considerado el primer caso de corrupción en el gobierno de Santiago Peña. Se trata de la polémica generada por la adjudicación de la compra de gasoíl a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, por US$ 51,5 millones, que se realizó con una llamativa rapidez. Ante el escándalo, la estatal canceló el contrato.
El “apriete” y el concurso Itaipú
Otro hecho que golpeó la imagen del presidente Peña fue su denuncia que un grupo de legisladores colorados y opositores (sin identificar) le extorsionó para que les concediera aumento salarial.
Ante la revelación del Mandatario, la Comisión Bicameral de Presupuesto dejó sin efecto el aumentazo a legisladores. También fueron escandalosas las desvinculaciones de funcionarios de Itaipú que ingresaron por concurso. La binacional revió su medida.