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El intendente Miguel Prieto comentó a ABC TV que originalmente se entregó al Senado copias digitales de todos los documentos solicitados, que incluyen registros sobre fondos propios de la Municipalidad de Ciudad del Este, royalties, Fonacide, fondos de emergencia, contrataciones y antecedentes de todos los funcionarios contratados desde que Prieto asumió en 2019.
Estimó que el trabajo de escanear, imprimir, ordenar y transportar los más de 150.000 documentos tuvo un costo de alrededor de G. 180 millones, financiados con fondos de la Municipalidad. “El camión al menos no pagamos, me lo prestó un amigo empresario. El combustible lo pagué yo”, dijo el intendente opositor que rompió con la hegemonía colorada luego de 62 años.
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En julio de este año, el Ministerio Público imputó al intendente Prieto y a otras diez personas por la supuesta compra fraudulenta de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia de covid-19, con un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 1.700 millones para la comuna esteña.
Prieto, por su parte, denunció a los fiscales que lo imputaron –Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia– por persecución del inocente y uso de documento público de contenido falso.
El pedido de informes
Prieto responde un pedido de informes que fue impulsado por su principal enemigo político, el senador Núñez. La Cámara de Senadores hace meses aprobó un pedido de informes sobre la administración de Prieto que data desde el 2019 hasta el 2023, que responden a mas de 30 puntos.