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El cartista Juan Carlos Vera, quien fue destituido por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2022, nunca entregó su declaración jurada de bienes ante la CGR a los 15 días de dejar el cargo tal como establece el artículo 104 de la Constitución Nacional y la Ley N° 5033/ 2013.
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En tanto que, del análisis de los documentos entregados cuando asumió el cargo en el 2018 y sus dos rectificaciones realizadas en julio del 2020, en plena pandemia y cuando la Junta Departamental comenzaba a denunciar su pésima gestión, se observan llamativas inconsistencias como la “devaluación de inmuebles”.
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Por ejemplo, un inmueble ubicado en el distrito de Mbocayaty, departamento de Guairá, con 1.000 m2 de construcción declaró un valor de G. 1.660 millones en el 2018, pero en el 2020 solo G. 660 millones, otra propiedad en el mismo distrito de 81 m2 de construcción en el 2018 costaba G. 401 millones y en su rectificación llamativamente se devaluó a G. 41 millones. Un tercer inmueble en Mbocayaty con 560 m2 de construcción en el 2018 tenía un valor de G. 800 millones, pero en el 2020 se devaluó en G. 300 millones.
En la zona céntrica de Villarrica, el cartista declaró un inmueble con 600 m2 de construcción por G. 2.800 millones y el costo se mantuvo en su siguiente declaración jurada, una segunda propiedad en el mismo distrito declaró G. 2.000 millones en ambos documentos, dijo que era una herencia familiar y, por último, declaró que tiene un inmueble con 840 m2 de construcción en Coronel Oviedo, cuyo costo declaró G. 1.200 millones. Resulta llamativo que los inmuebles antes que revalorizarse con el paso del tiempo, tenga una reducción significativa en el costo.
El ex gobernador, a más de violar la Constitución, también tiene dos denuncias que “duermen” desde hace 14 meses en Unidad de Delitos Económicos por su nefasta gestión departamental.