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La denuncia está firmada por el abogado Pedro Aníbal Campuzano, en representación de la Municipalidad de Villa Hayes, y se presentó el 15 de noviembre de 2023, en la Unidad N° 3 de la Fiscalía de dicha ciudad, a cargo del agente fiscal Alfredo Mieres.
El documento tiene un relato de los hechos con un tono bastante agresivo contra la figura del actual procurador general de la República, Marco Aurelio González Maldonado.
“En su carácter de procurador general de la República, usurpa funciones que corresponden al Municipio de la ciudad de Villa Hayes, arrogándose falsos derechos sobre los bienes públicos municipales” dice una parte de la denuncia.
El documento firmado por el abogado Campuzano asegura que, con esa conducta, el procurador González Maldonado “hace tabla rasa del orden jurídico establecido, destruyendo la institucionalidad republicana y democrática, haciendo surgir oscuros mesianismos y arbitrariedades negadoras del derecho y la libertad” afirma Campuzano en su escrito.
Apropiación de tierras del Ministerio de Defensa
La denuncia afirma además que el procurador busca apropiarse de bienes municipales y de privarle de su capacidad de administrar sus bienes, sin sustento ni motivación legal alguno.
Según esta denuncia, la finca 916, individualizada con padrón 14.638 de Villa Hayes, pertenece al dominio municipal de Villa Hayes.
El predio reclamado por la Municipalidad de Villa Hayes, según los registros públicos, pertenece oficialmente al Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
En septiembre de 2023, una fracción de esta finca estuvo en el centro de la polémica, cuando un proyecto de ley, impulsado por el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que despojaba 131 hectáreas de esta finca, quedó automáticamente aprobado.
Esta zona del terreno, que fue despojada al ministerio, es conocida como “Jardines de Remansito”. Supuestamente, la normativa buscaba beneficiar a familias de “pequeños agricultores”.
El proyecto de ley aprobado transfirió las 131 hectáreas de “Jardines de Remansito” a la Municipalidad de Villa Hayes.
Esta porción, según la ley, tenía que ser transferida posteriormente a título oneroso a los ocupantes del terreno, los supuestos agricultores.
Ocupantes vip de la finca 916 de Defensa
Sin embargo, publicaciones de ABC Color demostraron que en “Jardines de Remansito” habitaban “ocupantes vip”, ya que ostentaban lujosas mansiones, vehículos de alta gama y hasta yates.
Ante el escándalo desatado, el 13 de octubre de 2023 el presidente de la República, Santiago Peña, oficializó su veto total al proyecto de despojar las 131 hectáreas al Ministerio de Defensa Nacional.
Viviendas fueron desmanteladas
El 9 de noviembre de 2023 se empezaron a desmantelar varias de las mansiones que ocupaban “Los Jardines de Remansito”, pertenecientes a una porción de la finca 916, de Villa Hayes.
El operativo estuvo acompañado por el procurador general de la República, Marco Aurelio González. Es justamente esta acción la que reclama ahora la Municipalidad de Villa Hayes, institución que tiene una fuerte influencia política del “clan Núñez”, encabezado por el senador colorado cartista Basilio Núñez, promotor principal del proyecto de ley para despojar al Ministerio de Defensa de estas tierras.
Ayer, ABC contactó con el procurador Marco Aurelio González y dijo que, al menos hasta horas de la tarde, no estaba al tanto de la denuncia planteada en su contra por el municipio chaqueño.
Embargo y prohibición de innovar
El 1 de noviembre de 2023, la jueza Claudia Domínguez de Barrios decretó el embargo de los bienes de los “ocupantes vip” de Remansito (Villa Hayes) por un monto total de G. 1.800 millones.
Este dinero se destinaría a la demolición de todo lo edificado sin la autorización del Ministerio de Defensa Nacional.
La resolución fue en el marco del juicio “Procuraduría General de la República y otros c/ Daniel Iván Gómez Rambado y otros s/ reivindicación.
Igualmente, la magistrada Domínguez dispuso la prohibición de innovar sobre la finca 916, es decir, salvo aquellas actividades ejecutadas por las FF.AA., propietaria de las tierras, nadie puede construir, ocupar o efectuar cualquier otra acción similar en el citado terreno.
El monto del embargo es distinto para cada demandado y se establece mediante una estimación provisoria de lo que costaría la demolición de las edificaciones, según explicó en su momento el propio procurador general de la República, Marco Aurelio González.