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La Comisión de Legislación del Senado, presidida por Derlis Maidana (ANR, HC), anunció ayer que el próximo lunes se tendrá un texto consensuado del proyecto de ley de reforma y modernización policial, modificada por el senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC) y otros.
Con esto, se allana el plan de tratar a tambor batiente el punto en las próximas semanas.
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Ayer fueron convocados como invitados el ministro del Interior, Enrique Riera; el viceministro de Economía, Óscar Lovera; el comandante de la Policía, Carlos Benítez, y el exsenador proyectista Fidel Zavala (PPQ). Ninguno de los parlamentarios que la semana pasada cuestionó el proyecto hizo uso de la palabra.
Núñez Agüero dijo que el proyecto gira en torno al bienestar del policía. Agregó que ya tienen el “visto bueno” de todos los representantes de todos los miembros de la “familia” policial, entre ellos oficiales, suboficiales, retirados y sindicatos.
Enrique Riera aseguró que se resolvieron los puntos que atropellaban la jurisdicción de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea. Indicó que la ley tratará sobre cinco puntos, que son los ascensos con “meritocracia”, asignación de cargos, disciplina, jerarquía y bienestar policial. Dijo que el país urge más efectivos y mejor entrenados, pero que ahora se acabaron los ascensos y privilegios mediante “telefonazos”.
Fidel Zavala subrayó que el texto incluye la necesidad de crear un departamento de asuntos internos y de villas policiales en cada cabecera departamental.
Financiación
El senador Luis Pettengill (ANR) dijo que le preocupaba la fuente de financiamiento de todo lo que planteaba la ley. “Muy lindo todo pero, ¿cómo se va a pagar esto?”, dijo a su turno José Oviedo (Cruzada Nacional).
Riera se limitó a decir que con esta ley se podrá pelear por un mejor presupuesto.
Eje del Gobierno
Por su parte, el viceministro de Economía, Óscar Lovera, dijo que la seguridad es uno de los ejes principales del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, junto al acceso a la salud y la atención a sectores vulnerables.
Apuntó que por ello priorizarán el financiamiento planteado por la ley en el presupuesto del 2024, cuando accedan a los recursos necesarios.
Lovera no aclaró si con ello se refería a la emisión de bonos por US$ 600 millones que el Ejecutivo podrá manejar por decreto, sin autorización del Congreso, supuestamente para pagar deudas de vialeras y salud pública.