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Una mayoría en el Senado no solo eliminó toda mención a la obligación de declarar vínculos con posible conflicto de interés con cualquier familiar, sino también las restricciones para casos de “puertas giratorias” y se abrieron las ventanas a poder mentir impunemente en sus declaraciones juradas de intereses.
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Inicialmente, la Cámara de Diputados introdujo reformas que, si bien fueron cuestionadas, se limitaban a buscar “salvar” a sus familiares indirectos de ser declarados como potencial motivo de conflicto de intereses, sin embargo, la propuesta del Senado daría una estocada mortal a la ley, abriéndole la posibilidad de realizar negociados a través de su parentela.
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La ley vigente obliga a declarar vínculos personales, laborales, económicos, financieros, profesionales o de cualquier índole de un funcionario o su grupo familiar y que puedan influir en decisiones en el cargo que ocupa, y Diputados había acortado el término “grupo familiar” al de cónyuge, conviviente o concubino, y los hijos; dejando fuera a padres, hermanos, primos, entre otros.
Esto de por si ya era grave, sin embargo, el Senado fue más allá y eliminó toda mención del grupo familiar, acotando la responsabilidad solo a todo aquel que fuera funcionario. Esto habilitaría a que quienes así lo quieran, hagan “negociados” a través, incluso, de familiares.
Además, eliminaron completamente el capítulo de las restricciones para casos de “puertas giratorias”, como se llama a los altos funcionarios estatales, que al egresar del Gobierno son contratados por empresas privadas del mismo rubro. La ley actual impide esto por el lapso de un año, para evitar un “pago de favores” por beneficios otorgados cuando era funcionario, o bien para sacar provecho de información privilegiada del Estado.