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La ALPAP emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante la política desarmamentista impulsada por el gobierno de Santiago Peña, el cual decidió suspender la importación de armas para supuestamente combatir el tráfico ilegal en zonas fronterizas y Brasil.
“Manifestamos nuestra preocupación con las políticas desarmamentistas promovidas por el presidente de la República el día de la fecha. La legítima defensa es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y la inseguridad en nuestro país es hoy una realidad palpable diariamente, que ni siquiera permite ser una “buena víctima”, pues a pesar de no oponer resistencia ante un hecho delictivo, de igual manera la víctima acaba muerta”, indica ALPAP en el comunicado.
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Cuestiona que al prohibirse desde el Poder Ejecutivo la importación de armas y consecuentemente su venta, ¿cómo se podría ejercer el derecho a la defensa y defender a las familias?
Piden que políticas no favorezcan al crimen organizado
La ALPAP insta al presidente de la República a establecer políticas públicas atinadas, no aquellas que terminen beneficiando al crimen organizado, en caso de que la preocupación del mandatario sea “honesta”.
“Nosotros, los ciudadanos de bien, estamos sufriendo con este tipo de medidas, pues con la prohibición automáticamente se encarecen los costos de todo el rubro, se nos cercena el acceso a medios de defensa, perjudican al ciudadano honesto que cumple con todas las regulaciones legales para acceder a un arma y atentan de muerte contra el deporte de tiro”, indica.
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Agrega que también se somete en riesgo de desempleo a los ciudadanos que actualmente sostienen a sus familias con los ingresos mensuales que obtienen del rubro del deporte, la caza y la pesca.
“La prohibición (de armas) jamás será el camino”
Según el comunicado de los propietarios de armas, ALPAP explica que las estadísticas de incautaciones comprometen en mayor medida a los organismos del Estado, no a los legítimos propietarios, quienes deseosos de estar dentro del marco de la ley cumplen con absolutamente todos los requisitos legales e ilegales impuestos por las autoridades competentes.
“¿Acaso no le informaron, señor presidente de la República, que en el Brasil hace pocos días se desmanteló una fábrica de armas automáticas al servicio del crimen organizado? ¿Acaso no le informaron que la mayor cantidad de armas incautadas en el Brasil corresponden a armas ingresadas de contrabando desde Venezuela, Bolivia y Colombia? ¿Acaso no le informaron que las mismas armas que fueron incautadas y puestas bajo custodia de nuestras autoridades nacionales fueron revendidas al crimen organizado? ¿O que municiones del Estado paraguayo cayeron en cantidades exorbitantes del otro lado de la frontera con Brasil y que estas acabaron con vidas inocentes?”, interpela en el documento.
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Agrega que no están ajenos a los controles, a la trazabilidad, a la digitalización y a la transparencia para ambas partes, Estado y Ciudadano, pero aseguran que “la prohibición jamás será el camino”.
Piden que se deje de ser servil a autoridades extranjeras
ALPAP alude a que si el Presidente tiene la verdadera intención de combatir el crimen, el enfoque de sus asesores es el incorrecto, pues no se puede sacrificar el derecho constitucional que tienen los ciudadanos paraguayos, los justos, por actividades delictivas que ni siquiera se cometen en Paraguay.
Pide combatir el crimen a través de acciones reales, castigando al criminal y dejando de criminalizar a quienes buscan ser ciudadanos de bien y, por sobre todo, a quienes buscan cuidar a sus familias.
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“La República del Paraguay debe dejar de ser servil a autoridades extranjeras que, lejos de cumplir con sus funciones en su propio país, hacen lo más fácil: echar la culpa al nuestro. ¡Aprendan a ser verdaderos patriotas y a defender los intereses del pueblo que sufre la violencia!”, sentencia el comunicado firmado por Hugo Villamayor, presidente de ALPAP.
Peña suspendió importación de armas
El presidente Santiago Peña anunció el viernes último la decisión del Gobierno de suspender la importación de armas para, según afirmó, enfrentar uno de los grandes flagelos que golpea al Paraguay, el tráfico ilegal, principalmente a las zonas fronterizas y también al Brasil.
Peña argumentó su decisión citando que en las habituales reuniones del Consejo Nacional de Defensa (Codena) conocen su posición “muy dura sobre la importación de armas en el Paraguay. He pedido que se suspenda la importación de armas”, remarcó el presidente Peña.
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Dimabel ya no emite autorización para importar armas de fuego
La Dirección de Material Bélico (Dimabel), dependiente de las Fuerzas Militares, ya suspendió desde el mismo día en que Santiago Peña hizo el anuncio, la emisión de autorizaciones para importaciones de armas de fuego. El hijo de Víctor Pecci fue deportado hace tres meses luego de cumplir condena en Estados Unidos.
El hecho se registró coincidentemente luego de la reunión del presidente Santiago Peña con la comitiva del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino de Castro e Costa, con quien suscribió un nuevo acuerdo para reforzar la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos.
Brasil sigue hallando, principalmente en las favelas de Río de Janeiro y San Paulo, armas de fuego importadas de Estados Unidos que pasaron por Paraguay.
Operación Conexión Guaraní
Brasil tiene marcados nuevos objetivos que operaban con la red desbaratada el 2 de marzo de este año, cuando se ejecutó la operación “Conexión Guaraní”, contra una estructura que surtía con todo tipo de armas a las principales organizaciones criminales del Brasil.
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“Conexión Guaraní”, desarrollada principalmente por la Policía Federal (PF) de Brasil, fue una investigación que nació el 18 de marzo de 2020 en Paraguay, específicamente en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, donde fueron incautados 130 fusiles calibre 223, que es el paralelo al calibre 5.56 utilizado por las fuerzas de seguridad. Esas armas vinieron de Estados Unidos, pero debían llegar al Brasil.
Dicha triangulación ya había sido advertida dos años antes por la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) de Estados Unidos, que identificó varios envíos de fusiles y pistolas hechos principalmente desde Miami a través de empresas de courrier de nuestro país.
Incautación de armas vinculadas a hijo de Pecci
Una de las incautaciones propiciadas por la ATF en Paraguay se produjo el 16 de febrero de 2018, cuando cayeron en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque dos fusiles calibre 5.56 que fueron traídos de contrabando desde Miami a través de la empresa Frontliner, que pertenece a Giuliano Manuel Pecci Folgar, hijo del que en ese momento era aún el ministro de Deportes, Víctor Manuel Pecci Balart.
Giuliano Pecci, actualmente de 39 años de edad, tuvo que someterse a una investigación en Estados Unidos por aquel caso. Fue condenado a 18 meses de confinamiento, aunque también le impusieron otras sanciones administrativas, como prohibición de intervenir en exportaciones.
Pecci Folgar regresó deportado al Paraguay el 3 de agosto pasado, con una prohibición de ingreso a Estados Unidos por 10 años, según la comunicación oficial recibida en nuestro país. La investigación encargada por la ATF de Estados Unidos había sido encabezada en Paraguay por el ahora ya fallecido fiscal Javier Ibarra.