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CONTUNDENTES. Así son las dos resoluciones del Instituto Nacional de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert) por la cuales, primero, se desestimó la pretensión de la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala, y, luego, se adjudicó a Juan Báez Benítez la fracción de 16 hectáreas, ubicada en la zona de Mbatoví (departamento de Paraguarí).
Las disposiciones señalan en forma categórica que González Ayala no reúne los requisitos establecidos en el Art. 16 de la Ley N° 1863/2002 “Del estatuto agrario”. Báez Benítez, por su lado, cumplió todos los trámites e incluso se verificaron varias mejoras en el terreno, que ya le fue transferido a título definitivo el 9 de agosto de 2023.
A pesar de todos los argumentos, la extitular de Tributación del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) persistiría en sus intenciones de quedarse con la propiedad.
Más grave es que el actual titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, dijo que “desconocía” todas estas disposiciones.
Funcionaria pública
Una de las resoluciones identificada con el N° 3406/2022 del 17 de octubre de 2022 en su considerando analiza cada uno de los trámites sobre la codiciada fracción. Según cita, la exfuncionaria cartista inició una mensura judicial “supuestamente desconociendo la existencia de un excedente fiscal”.
Sin embargo, el Indert dice que la fracción ya estaba perfectamente ubicada y denunciada en el ámbito administrativo el 24 de agosto de 2004. Agrega que por lo cual el ente agrario tuvo que haber promovido el trámite de mensura para dar cumplimiento al Art. 104 de la ley N° 1863/2022.
En ese sentido, menciona que (al no cumplir el Art. 104) “se violentan todos los procedimientos indicados claramente a los efectos de la denuncia de un Excedente fiscal, en el ámbito administrativo y judicial” (sic).
La institución reconoce que la mensura confirmó la existencia de un inmueble de dominio fiscal. Sin embargo, al no haberse dado cumplimiento al procedimiento ordenado en el estatuto agrario establecido en los artículos 104 y 105, “LA FRACCIÓN DETECTADA NO CONSTITUYE UN EXCEDENTE FISCAL con las consecuencias y privilegios que ello conlleva, SI UNA FRACCIÓN DE ORIGEN FISCAL REGULADA en el Art. 1.900 del Código Civil del Paraguay.
Igualmente, la disposición reconfirma que González Ayala figura como funcionaria permanente de la Universidad Nacional de Asunción (Facultad de Ciencias Económicas). Al respecto, el Indert señala que su actividad principal se desarrolla en relación de dependencia con un empleador, que es el Estado, sometidas a las obligaciones establecidas en la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública.
Mejoras y ocupación efectiva del inmueble
La otra resolución del Indert es la N° 4087/2022, del 29 de noviembre de 2022, por la cual se adjudican las 16 hectáreas a Juan Báez Benítez. En esa disposición, el ente agrario describe un informe actualizado de ocupación y mejoras, en el cual menciona que en el lugar existen numerosas mejoras, tales como: “una casa de material cocido con techo de teja, instalación eléctrica y servicio de agua potable, árboles frutales y nativos de diferentes especies, además posee alambrada perimetral con 30 años de ocupación, según el recurrente”, en este caso Báez Benítez.
Además, señala que el 26 de setiembre de 2022, las funcionarias del Indert Liz Torres y Andrea Alarcón se constituyeron en el lote pretendido y se constató “que la ocupación efectiva del inmueble la ejercen el señor Juan Báez Benítez y familia” (sic).
Sospechosa dilación
A partir de la resolución de adjudicación y cumpliendo todos los siguientes pasos, el Indert procedió a firmar la escritura de transferencia a favor de Juan Báez Benítez, el 9 de agosto de 2023.
Lo cierto es que los trámites para la entrega de ese título definitivo a favor del humilde poblador que cumple los requisitos para ser sujeto de la reforma agraria sufren una sospechosa dilación. Esto, pese a que antes de firmar la escritura ya se realizó el pago de G. 14.166.089, determinado como valor de la tierra.