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Rodríguez, designado vocero de la comisión, afirmó que el desacuerdo con el proyecto del Ejecutivo, ahora asumido por varios Diputados, se sigue centrando en quién costeará el servicio, si el Estado o cada procesado.
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“La colega Rocío Vallejo (Patria Querida) plantea una modificación donde ella dice que cuando demuestre que es insolvente, que el Estado pague. También darle una salida a la gente que no tiene”, comentó sobre los conversado ayer.
Sin embargo, dijo que él se mantiene en su posición de que el Estado asuma la totalidad del costo del servicio de monitoreo, por diversos factores, entre ellos evitar “abrir una compuerta para la corrupción”, al dejar a cargo del Poder Judicial determinar quién puede pagar y quién no.
“Nuestra propuesta principalmente es que el Estado pueda asumir de una manera a que la ley sea efectiva, aplicable por sobre todas cosas, y atendiendo al principio constitucional de la igualdad”, afirmó.
Insistió en que hay acuerdos internacionales que obligan al Estado a hacerse cargo de las medidas impuestas a los condenados. “Prefiero pagarle su tobillera que su plato de comida, porque ahora su comida sale G. 2 millones mensuales y quizá con el dispositivo me costaría G. 600.000 a 700.000, o sea el costo para mantenerlos está presupuestado, pero mantenerlos con prisión preventiva hace que nuestro sistema esté colapsado”, dijo.