Cargando...
A las apuradas, ya que recién la semana pasada ingresó el proyecto presentado por el Ejecutivo, intentarán consensuar posturas con el proyecto del diputado Derlis Rodríguez (ANR, Honor Colorado), que básicamente difieren en quién se hará cargo de costear el servicio de las tobilleras: el procesado o el Estado.
Lea más: Ejecutivo reglamenta tobilleras electrónicas y pretende implementarlas antes de fin de año
El principal punto en discusión se encuentra en el artículo 10º, donde el proyecto del Ejecutivo (planteado en conjunto por el Ministerio del Interior y el de Justicia), pretende que si bien el Estado deberá financiar servicio de monitoreo de procesados o condenados, también podrá cobrarles a los que tengan recursos para financiarlo.
El proyecto de modificación puntualmente sugiere establecer que “el Ministerio del Interior tendrá la potestad de establecer y percibir las tasas correspondientes por la prestación de los servicios asociados a la implementación de los dispositivos electrónicos”.
Temen habilitar “negociado”
Rodríguez, por su parte, insiste que el Estado completamente debe hacerse cargo del servicio para no abrir otras “puerta a la corrupción”. “Mi preocupación es dejar al arbitrio del sistema judicial resolver quién va a pagar y quién no, porque conocemos cómo funciona nuestro sistema judicial. Si abrimos esa puerta, nos encontraremos con corrupción nuevamente”, afirmó.
“Imaginate que tengas que pagar G. 2.000.000 mensuales por la tobillera, y te digan: ¿por qué no me das nomás a mi dos meses y yo voy a decir que no podes pagar, entonces dejas de pagar todo ese tiempo?”, acotó sobre su temor.