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La Cámara de Diputados, resolución mediante, requiere a los 263 jefes municipales un informe detallado de lo que hicieron con el dinero que recibieron en concepto de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante el 2022.
Asimismo, los legisladores solicitan saber la cantidad de aulas construidas, el costo y las dimensiones de cada aula que se hizo con el dinero estatal. También piden conocer la cantidad de raciones distribuidas del almuerzo y la merienda escolar, con el monto y las licitaciones.
El pedido de informes fue hecho a instancia del diputado liberal Ariel Villagra, pero aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
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Aunque es interesante que los legisladores quieran saber qué se hace con el dinero del Fonacide, resulta contradictorio que cuando existan pedidos de intervención a municipalidades se salve a sus intendentes mediante pactos de impunidad entre colorados y liberales, tal como ocurrió recientemente con el jefe municipal de Caapucú Gustavo Penayo (ANR-HC), quien fue denunciado por la malversación de recursos municipales, incluso el Ministerio de Economía le bloqueó nuevas transferencias.
Similar situación sucedió con los intendentes de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR- HC); de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR- FR); y de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA- dionisista), quienes pese a su pésima gestión administrativa y con informes de la Contraloría General de la República (CGR) que desnudaban la mala gestión, incluso con imputaciones y acusaciones fiscales de por medio, no prosperó en la Cámara Baja ninguno de los pedidos de intervenir sus despachos.
Fonacide: billones entregados a jefes municipales
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el año pasado se distribuyeron entre todos los jefes municipales G. 1,2 billones, que incluyen Fonacide, royalties, por cánones a juegos de azar y recursos del Tesoro. Por otro lado, existe un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestra la pésima gestión de los intendentes con el uso del dinero de Fonacide para el almuerzo escolar.
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En algunos municipios incluso supuestamente fueron entregadas más raciones que la cantidad de niños matriculados, a los cuales la Contraloría llamó “niños fantasmas”. Asimismo, hubo groseras sobrefacturaciones con el costo de las raciones del alimento escolar.