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Un discurso con mucha vehemencia hizo el 21 de setiembre de 2022 el entonces diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez al defender la vigente Ley 7083/23 por la cual se despojan 1.167 hectáreas de la finca 916, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. Según el legislador colorado, las familias que ocupaban el sitio eran pequeños productores pecuarios como también agrícolas.
Lo cierto es que en un simple recorrido por el principal terreno cercenado al Estado se encuentra un panorama completamente contradictorio porque abundan las casaquintas, enormes tinglados para alquiler y comercios de diferentes rubros. Algunos de los inmuebles incluso ya están a la venta a precios irrisorios como G. 5.000 el metro cuadrado o G. 50 millones la hectárea, según evidenció ABC.
Desde 2016
El senador cartista también afirmó en aquella ocasión –al asumir como principal impulsor de la desafectación de las tierras públicas– que la invasión de la finca 916 viene de hace años e incluso dijo que las ocupaciones se intensificaron durante el gobierno de Fernando Lugo/Federico Franco (2008-2013). Lo contradictorio es que el Ministerio de Defensa en dos notas remitidas en octubre y noviembre del año pasado al Senado expuso que las denuncias por invasión de la finca 916 se presentaron a partir del 29 de octubre de 2016.
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Coincidentemente corresponde al periodo en que Bachi Núñez era el ministro asesor-político del expresidente Horacio Cartes (2013-2018). Es más, coincide con el tiempo en el cual se grabó un video en el que el ahora senador Núñez acompañaba a un grupo de 100 personas dentro de la finca 916, tal como lo revela un informe policial del 10 de julio de 2016.
El Ministerio de Defensa a través de sus notas enviadas a la Cámara Alta al detallar la falta de seguimiento de las denuncias advirtió que el proyecto presentado por Bachi con el acompañamiento de los exdiputados colorados Pastor Soria, Ángel Paniagua, Arnaldo Samaniego y el liberocartista Enrique Mineur no tenía un censo real de los ocupantes de los asentamientos. Decía que “los seudodirigentes extorsionaban y realizan cobros desde el canon por ocupar un lote, reservas, cuotas de mantenimiento del sitio hasta gestiones para la titulación”. Por ese motivo, la cartera estatal recomendaba solo el despojo de 400 ha para ubicar a los supuestos “sintierras” y evitar así el negociado con los lotes públicos.
“Ocupantes vip” eran agricultores
En el proyecto para despojar otras 131 hectáreas de la finca 916 (vetado por el presidente Santiago Peña), el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez y el exdiputado Edwin Reimer “pintaron” a los invasores de esa porción de tierras públicas como exagricultores que ahora buscaban incursionar en el turismo. El panorama, sin embargo, era completamente distinto, atendiendo la ostentación en la zona, casas con finas terminaciones a orillas del río Paraguay, con yates, piscinas y muelles privados.
¿Quién pagará?
La vigente Ley 7083/23 (del 16 de mayo, promulgada por Abdo Benítez), impulsada por el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, establece el despojo de 1.167 hectáreas de la finca 916 para destinarlas a supuestos “sintierras”. Llamativamente, la legislación no especifica quién pagará al Ministerio de Defensa por las tierras públicas.
La Ley 5387/2014 establece taxativamente “que toda desafectación de bienes inmuebles del Estado Paraguayo-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Armadas de la Nación será a título oneroso y cotización actualizada”. Sin embargo, la legislación 7083/23 no especifica quién cumplirá con dicho articulado. Solo habla de un convenio entre Defensa, el MUVH y Ministerio de Desarrollo Social (MDS).