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Un equipo de ABC logró documentar cómo la comercialización de tierras públicas, en especial de la finca 916, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), va viento en popa sin importar los escandalosos despojos. El negocio es tan fructífero que lotes localizados en el sector ya desafectado mediante la ley vigente N° 7083/23, impulsada por el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, se ofertan sin pudor por redes sociales a irrisorios montos de G. 5.000 el metro cuadrado o G. 50 millones la hectárea.
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Nuestro equipo contactó con Ramón Benítez (nombre ficticio), el que hizo pública la venta de terreno en la zona de Remansito, distrito de Villa Hayes. El posteo en la red social Facebook decía: “Vendo 1 ha a 20 min. de Asunción. Servicios en puerta. Camino todo tiempo. A 5 kilómetro del puente Remanso Villa Hayes - Mariano Roque Alonso. A 20 minutos del nuevo puente Héroes del Chaco. Chaco’i – Asunción”.
Concretamos la visita al lugar para corroborar la ubicación del terreno y los procesos para la compra a un precio que podríamos decir como una ganga, atendiendo otras ofertas inmobiliarias.
Todo se confirmó: “G. 50 millones la hectárea y G. 30 millones, media hectárea y si quieren todo el inmueble de unas tres hectáreas (con mejoras) les puedo hacer por G. 220 millones”, respondió nuestro vendedor a la primera consulta.
Al reconfirmar el precio, nuestro interés aumentó a tal punto de conocer más detalles sobre el proceso de adquisición. Fue ahí donde empezamos a tener datos reveladores de cómo se negocia con las tierras públicas. “Se hace contrato privado”, dijo al aclarar que el mismo también adquirió hace varios años esa porción de tierra en la zona con igual documento.
“Yo compré así, pero tampoco te sirve si te muestro. Tengo el contrato, tengo el recibo. Se hace un contrato privado entre las partes y por escribanía se hace la cesión de derecho, o como algunos escribanos le llaman cesión de ocupación también”, relató el vendedor.
“Eso sí, todo contrato privado, validado por un escribano es demandable”, agregó.
Otro dato revelador que brindó el vendedor, que no vive en la zona y solo va cada fin de semana o cada vez que puede, es que el contrato privado de cesión de derecho no necesariamente debe ser por inmueble, “puede ser por otro bien”, sentenció.
“En el contrato privado no necesariamente tenés que vender o poner por venta de terreno, podés poner por venta de inmueble y no justificar en dónde está o no poner las coordenadas”, explicó.
Dijo además que con esa cesión de derecho de ocupación en ese lugar una vez instalado en el predio ya nadie puede reclamar. Y que los documentos jurídicos (el contrato privado) son válidos.
En otro punto dijo que no existen documentos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de los predios en esa zona.
“Lo único que se tiene hasta ahora son los decretos y lo que viene después ya es historia. El señor de acá (un vecino), que vive en frente, tiene siete contratos privados seguidos”, dijo.
Reiteró que los contratos privados no tienen relevancia en caso de querer titular.
“Si se llega a titular lo que vas a tener es un documento que está a tu nombre como primer propietario, además de la seguidilla de contratos privados, que ya no van a existir. No van a servir para nada”, manifestó.
En el trayecto para llegar a lote en oferta se pudo observar viviendas precarias pero también casas imponentes, además de varios establecimientos ganaderos y casas de verano.
Agua y luz, “gratis”
El mismo vendedor del terreno confirmó que gran parte de las casas ubicadas en los asentamientos de la finca 916, del Ministerio de Defensa, tienen conexión “ilegal” a los servicios de energía eléctrica y agua potable. “Cada uno colaboró para estirar. Así cuando hay viento lo que nos quedamos sin luz porque usamos solo ese alambre común”, señaló.
Usado como un botín en su campaña proselitista
El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez usa desde hace tiempo como un botín la finca 916, del Ministerio de Defensa. Así lo revelan sus diferentes posteos en redes sociales.
Bachi no solo “acompañó” -según un reporte de la comisaría de Remansito- a un grupo de 100 personas, que ingresó al predio del Estado allá por el año 2016, sino también “prometía” en diferentes reuniones políticas la desafectación de las tierras públicas.
Una publicación del 14 de diciembre de 2021, por ejemplo, hablaba de una reunión en Remansito con el equipo político de jóvenes del amigo y concejal municipal colorado de Villa Hayes, Arnaldo “Tono” Sosa. El entonces diputado Núñez resaltaba que ambos volvían a reunirse como parte del movimiento Honor Colorado.
El posteo de Bachi por último menciona: “muy pronto presentaremos Proyecto de ley para Desafectar el aeroclub para el Ministerio de Trabajo, SNPP, Sinafocal, además de la ley para desafectar o expropiar la finca 916 para los pobladores, benísima reunión, GRACIAS TOTALES” (sic).
Lo cierto es que para ese tiempo el predio donde estaba el aeródromo Nicolás Bo ya estaba completamente invadido por los supuestos “sintierras”. Mientras que Bachi con los legisladores colorados Pastor Soria, Ángel Paniagua, Arnaldo Samaniego y Enrique Mineur (PLRA) ya firmó el plan de desafectación de 5.589 hectáreas (que luego aumentó a 7.400 ha) el 11 de julio de 2019.
Ocho meses después
Un punto coincidente es que ocho meses después de la promesa, en agosto de 2022 el proyecto de despojo, que firmó Bachi Núñez en 2019, comienza a moverse luego de cajonearse por casi dos años. Para entonces, Núñez ya estaba en plena campaña para llegar al Senado.
Para el 21 de setiembre de 2022 el proyecto ya fue aprobado por una aplanadora colorada con apoyo de satélites liberales. Bachi Núñez incluso lo festejó por sus redes sociales.
Tanto era el acompañamiento al líder de la bancada cartista que el visto bueno para sacar 7.400 hectáreas del Estado se dio “a ciegas” sin tener el parecer del Ministerio de Defensa o el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Recién en la Cámara Alta, cuando el proyecto “aterrizó” el 29 de setiembre de 2022 aparecieron las notas en las cuales se advertía sobre el plan de despojo al Estado.
El Indert primero dijo sí; pero al percatarse de que la zona pretendida era un Área Silvestre Protegida votó en contra del proyecto de Núñez. En similares términos sentó su postura el Ministerio de Defensa que pidió desafectar inicialmente solo 400 hectáreas. Decía que era más que suficiente para los supuestos asentamientos.
Llamativamente, el Senado no hizo caso a esa recomendación y aprobó cerca de 1.167 hectáreas el 9 de marzo de 2023.
Esta aprobación, otra vez en forma coincidente, tuvo lugar un mes después de que Bachi Núñez volvió a tener una reunión con los supuestos “sintierras”. Así los evidenció con su posteo del 7 de febrero de este año, donde todos mostraban un dedo haciendo alusión a la lista 1, ya con miras a las elecciones de abril último.