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El cuestionado proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados el jueves 19 tendrá sanción automática, si no es tratado por los senadores. La semana pasada, su proyectista, el senador Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada cartista, maniobró para que la comisión de Hacienda postergue su dictamen para la próxima sesión.
El martes, apenas el procurador general de la República, Marco Aurelio González, terminó de fundamentar en contra del proyecto, alertando de las consecuencias que podría tener para el erario público, Núñez pidió su postergación con la excusa de que habían proyectos más importantes que tratar, frustrando, con apoyo de una mayoría de cualquier análisis del proyecto.
La iniciativa que indemniza a los estibadores marítimos afectados por el cierre del Puerto de Asunción no tiene dictamen de ninguna comisión del Senado a la que fue girada. Además no cuenta con un censo. Nuevamente el Senado deja para último momento el dictamen en las comisiones de Hacienda, Legislación y Cuentas y Control de la Administración Financiera.
El informe técnico de la Procuraduría
El procurador manifestó a los senadores de la comisión de Hacienda que en los antecedentes que tuvieron a la vista no encontraron un análisis de la cuantificación de las personas que serían beneficiadas con la compensación que se proyecta, y que a raíz de eso hay una difícil cuantificación.
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“Si bien esta topeado el monto de la indemnización que se proyecta, no se prevé la cantidad y eso hace que sea difícil cuantificar. No obstante el proyecto no dice como se va a fondear. Sin esos elementos a nosotros se nos hace difícil opinar favorablemente sin esa justificación”, indicó.
“No existe causalidad”, afirman
Como hecho importante del proyecto de ley, con media sanción de Diputados, González señala que tampoco encontraron una relación de causalidad por el cual el Estado debería hacerse cargo del monto que se reclama por esta indemnización (G. 51 millones por persona), puesto que se trata de una función privada que era realizada en el Puerto de Asunción, que ha quedado fuera de funcionamiento según se relata en el proyecto de ley.
“Esta relación de causalidad puede despertar acciones contra el Estado, lo cual a nosotros sí nos preocupa porque ahí tendríamos que empezar a defender cuestiones que creemos que se encuentran legitimadas a accionar contra el Estado porque han perdido trabajo, dijo.