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El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó la Ley N° 7190, con fecha 12 de octubre, denominada “De los créditos de carbono”. Esta iniciativa busca regular el mercado de carbono, que básicamente es un pago que realizan empresas trasnacionales con actividades contaminantes, apuntando a compensar esas emisiones de dióxido de carbono pagando por el sostenimiento de bosques en países como Paraguay.
La ley establece que quienes quieran operar con estos bonos, paguen un canon de hasta 500 jornales para inscribirse en el registro, salvo las comunidades indígenas exentas de este cobro.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de octubre, con 60 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. En la plenaria, los diputados hicieron caso omiso al pedido de algunos legisladores de aplazar por 3 semanas el estudio para realizar leves ajustes a la propuesta.
Según argumentó en nombre de la Comisión de Presupuesto su presidenta, Cristina Villalba (ANR, HC), la ley faculta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para la “constitución, funcionamiento y operación del Registro de los Créditos de Carbono” y establecen algunas condiciones mínimas para operar, siendo una opción voluntaria.
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Polémica
La diputada Johanna Ortega (País Solidario) sugirió prever mecanismos para garantizar la consulta a pueblos originarios, para evitar demandas por violación de derechos humanos, mientras que Benítez planteó dejar al menos la posibilidad de que el Estado exija documentos sobre las propiedades, con el fin de tener una mínima transparencia. Otro punto bastante discutido en el debate legislativo fue el rol de las denominadas “certificadoras”, que son las encargadas de garantizar que los proyectos por los que se pagan, efectivamente cumplan con el rol de contrarrestar las emisiones contaminantes.
El diputado Miguel Martínez (ex Cruzada Nacional), que se declara “libertario”, cuestionó que una vez más se darían beneficios a organizaciones no gubernamentales (ONG) y que supuestamente los beneficios en concepto de pagos a las certificadoras irán para empresas internacionales. Según refirieron los oficialistas, esto no será del todo así, puesto que el artículo 8º establece que “la participación real de mano de obra paraguaya en cada proyecto no debe ser menor al 50% (cincuenta por ciento)”.
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