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Por amplia mayoría de votos y unas pocas dudas sobre la parte presupuestaria, la Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley que “deroga varios artículos de la Ley Nº 4033/2010 del Arancel Consular”, tal como vino del Senado y como solicitó el propio Ejecutivo a través del canciller, Rubén Ramírez Lezcano.
La diputada y líder de la bancada cartista, Rocío Abed argumentó a favor del proyecto, en base al dictamen de la comisión de Equidad Social y Género.
“En varios ámbitos, los operadores económicos manifiestan que el arancel consular se convierte en un sobrecosto al comercio, por lo cual estos han solicitado la eliminación. El concepto de arancel consular prácticamente está eliminado del arancel consular”, sostuvo Abed.
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Remarcó que el propio Ejecutivo solicitó la medida ya que hay acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, como el de Mercosur - Unión Europea, que contemplan un comercio sin la imposición de estos aranceles.
Puntualmente, se eliminan las tasas correspondientes por la “intervención y actuación de los consulados nacionales en el exterior” y que afectan a buques de cargas y otros dedicados a la importación de productos.
Raúl Benítez advierte sobre presupuesto de Cancillería si se elimina arancel consultar
El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), si bien no se opuso, sí levantó su voz de alerta y preocupación en el aspecto presupuestario, ya que los aranceles consulares constituyen el 24% del presupuesto de Cancillería y, si bien el gobierno dijo que se hará cargo de cubrir el déficit, de momento es solo una promesa.
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“No quiero ser más papista que el Papa, pero a veces siento que algunos nos preocupamos más de la gestión del gobierno que el mismo Gobierno”, comenzó diciendo, antes de mencionar que esto generará un “descalce de US$ 24 millones” a Cancillería .
Si bien dijo entender los argumentos a favor, expresados por el propio gobierno, acotó que le llaman la atención varios puntos.
“El PGN 2024 que presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores no contempla este recorte, o sea que van a tener que adecuar su presupuesto” sobre la marcha y además, “vemos un aumento en las recaudaciones correspondientes a legalizaciones, o sea que puedo intuir que se va a apretar en otro lugar”.
Además, remarcó que se beneficia al sector comercial y no así al ciudadano de a pie, que deberá seguir pagando por gestionar pasaportes, permiso del menor, certificados de estudios, diplomas y otros.