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Según el ministro Riera, en consenso con los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia solicitan introducir reformas a la Ley Nº 5.863, que “establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”, o tobilleras electrónicas, y, además, solicitan tratar con “la mayor celeridad posible”, a la par que inician el proceso licitatorio para los equipos.
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La principal reforma solicitada refiere al artículo 10 de “Previsión presupuestaria”, que establece que “el Ministerio de Hacienda proveerá las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente ley”.
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“La ley actual solo dice que tiene que ser con recursos del Estado, y creemos que aquellos que tienen que pagar su propio dispositivo, como quién acepta una fianza, es una imposición judicial; tiene que pagar su dispositivo. Naturalmente aquellos que no puedan hacer, el Estado tendrá que responder”.
Otro punto que plantean eliminar es el artículo 3º inc. 4, donde se establecen las condiciones impuestas al destinatario de las tobilleras.
El texto vigente establece como requisito “que se haya realizado un examen psicosocial o psiquiátrico, según el caso, al beneficiario, por orden judicial, a fin de que se determine si padece algún trastorno que le impida respetar el régimen de libertad”.
La semana pasada, el Ejecutivo reglamentó la ley, lo cual –según Riera– no se verá afectado con las reformas y también quieren concretar en paralelo y en un plazo de 45 días una licitación basada en “un pliego aprobado y consensuado con las cuatro instituciones”.
Según Riera, la licitación habla de la posibilidad de compra de “hasta 3.000 dispositivos”, aunque como “plan piloto”, pretenden arrancar con 100 antes de fin de año.
El presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), se comprometió a trasladar el pedido de tratamiento “urgente” a sus colegas legisladores, y no quiso asegurar que se incluya ya en el orden del día de la próxima semana, hasta hablar con los demás diputados.