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Con 60 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó ayer en su sesión extraordinaria el proyecto de ley “de los créditos de carbono”. Hicieron caso omiso al pedido de algunos diputados opositores de aplazar por 3 semanas el estudio para realizar leves ajustes a la propuesta.
La iniciativa busca regular el mercado de carbono, que en pocas palabras es un pago que realizan empresas trasnacionales con actividades contaminantes, apuntando a compensar esas emisiones de dióxido de carbono pagando por el sostenimiento de bosques en países como Paraguay.
Según argumentó en nombre de la Comisión de Presupuesto su presidenta, Cristina Villalba (ANR, HC), la ley faculta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para la “constitución, funcionamiento y operación del Registro de los Créditos de Carbono” y establecen algunas condiciones mínimas para operar, siendo una opción voluntaria.
La ley establece que quienes quieran operar con estos bonos, paguen un canon de hasta 500 jornales para inscribirse en el registro, salvo las comunidades indígenas exentas de este cobro.
Plantearon cambios en proyecto de créditos de carbono
En su estudio en particular, la diputada Johanna Ortega (País Solidario) y Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) plantearon modificaciones a los artículos 2, 6, 7 y 9 del proyecto, pero la líder de bancada Rocío Abed y Avelino Dávalos (ambos ANR, HC) se opusieron a cualquier reforma.
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Ortega sugirió prever mecanismos para garantizar la consulta a pueblos originarios, para evitar demandas por violación de derechos humanos, mientras que Benítez planteó dejar al menos la posibilidad de que el Estado exija documentos sobre las propiedades, con el fin de tener una mínima transparencia.
Otro punto bastante discutido fue el rol de las denominadas “certificadoras”, que son las encargadas de garantizar que los proyectos por los que se pagan, efectivamente cumplan con el rol de contrarrestar las emisiones contaminantes.
Entre otros, el diputado Miguel Martínez (ex Cruzada Nacional), que se declara “libertario”, cuestionó que una vez más se darían beneficios a organizaciones no gubernamentales (ONG) y que supuestamente los beneficios en concepto de pagos a las certificadoras irán para empresas internacionales.
Según refirieron los oficialistas, esto no será del todo así, puesto que el artículo 8º establece que “la participación real de mano de obra paraguaya en cada proyecto no debe ser menor al 50% (cincuenta por ciento)”.
“Agenda” no, pero plata “globalista” sí
El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) rechazó la propuesta por considerarla parte de la “agenda globalista” que supuestamente intenta imponer reglas ambientalistas para frenar el desarrollo de nuestro país.
“Me parece muchísimo más nocivo permanecer en este desorden. Pongamos orden con este marco regulatorio, hagamos que los globalistas inviertan plata en la República del Paraguay”, respondió Abed quien, paradójicamente, antes decía rechazar el dinero de la Unión Europea para merienda escolar, porque supuestamente promovía la “agenda globalista”.