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La Cámara Baja remitió al archivo y dejando sin posibilidad que se trate en el plazo al menos de un año el proyecto de ley “que otorga la categoría legal de cooperativas a las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida y vigente; y encarga al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), su supervisión y fiscalización con parámetros armónicos con la ley N° 904/81, basados en el respeto a las características y tradiciones de aquellas”.
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El presidente de la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara Baja, Pastor Vera Bejarano (PLRA, A), pidió tratar este punto exclusivamente en una sesión extraordinaria, para dar tranquilidad a organizaciones de pueblos indígenas que acudieron a ellos exigiendo el rechazo inmediato.
Vera Bejarano citó que tratar de imponer un régimen de cooperativas (tal como implementan comunidades menonitas) a los indígenas quebranta no solo los derechos constitucionales que tiene todo un Capítulo en la Constitución Nacional (V), sino otros también sobre la “libertad de concurrencia”.
Citó el artículo 107 de la Carta Magna, que establece que “toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”.
Otros diputados como Benjamín Cantero (ANR, Independiente), Alexandra Zena (Cruzada Nacional) y Édgar Olmedo (ANR, Fuerza Republicana) respaldaron el pedido de rechazo inmediato, en respeto al firme reclamo recibido.