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En el marco del escándalo por un proyecto de ley que plantea el despojo de tierras públicas en la localidad de Villa Hayes, ocupadas ilegalmente por empresarios y políticos acaudalados, el Ministerio de Defensa Nacional – propietario legal de las tierras en cuestión - emitió hoy un breve comunicado anunciando que está en contacto con las otras autoridades pertinentes del Poder Ejecutivo para planear un eventual desalojo de los ocupantes ilegales.
En su comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional indica que el ministro Óscar González, por orden del presidente Santiago Peña, está en “contacto permanente” con el procurador general de la República, Marco Aurelio González.
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Con el procurador González se diseñará “la estrategia procesal para la reivindicación de parte de la Finca 916 y el desalojo de las personas que lo ocupan ilegalmente”, indica el anuncio.
En líneas similares se pronunció hoy el vicepresidente Pedro Alliana, quien dijo que el presidente Peña se está asesorando jurídicamente sobre cómo proceder ante la situación en Villa Hayes.
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El propio presidente Peña dijo el viernes que vetará el escandaloso el proyecto de ley impulsado por el jefe de la bancada colorada cartista en la Cámara Alta, el senador Basilio Núñez.
Ocupantes “VIP”
En la última sesión de la Cámara de Senadores se dio sanción al proyecto de ley “que desafecta y autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como parte de la Finca N° 916 ubicada en el distrito de Villa Hayes, lugar denominado Jardines de Remansito, departamento de Presidente Hayes”
Entre esos “actuales ocupantes” figuran adinerados empresarios y acaudalados políticos que construyeron lujosos inmuebles sobre lo que efectivamente es terreno público.
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La senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) denunció que el proyecto de ley no fija precios ni establece el precio de mercado para la transferencia de tierras del Ministerio de Defensa a la Municipalidad de Villa Hayes para su posterior transferencia a título oneroso en favor de los “ocupantes”.