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La Cámara de Diputados debatirá sobre dos proyectos de ley enfocados en disminuir los casos de violencia, acoso y discriminación. Es así que en el 14º punto del orden del día se incluyó el proyecto de ley “contra el acoso y sus manifestaciones en el ámbito laboral”, que cuenta ya con media sanción de la Cámara de Senadores.
Esta iniciativa pretende evitar actos de violencia en espacios de trabajo, como el de “someter a la víctima a actos de violencia laboral, discriminación u hostigamiento sexual como condición para acceder, mantener o modificar su situación laboral”.
También pretende castigar la conducta del hostigador, sea esta explícita o implícita. También están establecidas las formas de acoso cibernético, es decir, no solamente presencial.
Un punto relevante de la ley es el artículo 9º, que establece las cuestiones que no pueden considerarse acoso laboral, como ser por ejemplo exigir el cumplimiento propio de las obligaciones del empleado.
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Igualmente, se establece la creación de una Comisión de Prevención y Atención de la Violencia en el Ámbito Laboral, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo.
Tanto el Ministerio de Trabajo como la Secretaría de la Función Pública (ahora absorbida por el Ministerio de Economía) son las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la citada ley, debiendo recepcionar las denuncias y actuar en consecuencia.
El proyecto de ley también establece niveles de calificación de los hechos, pudiendo ser considerados falta leve, grave o incluso hecho punible (como ser el acoso sexual por ejemplo).
“Emergencia social” por violencia
También se incluyó el proyecto de ley “que declara emergencia social ante la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y establece mecanismos urgentes de prevención promoviendo cambios culturales, a través de talleres y campañas de concientización de igualdad de género entre hombres y mujeres”
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Este proyecto desató una controversia injustificada en Senadores por el simple hecho incluir el término “género” en el texto, algo que sectores más radicales autodenominados “provida y profamilia” tratan de equiparar con “ideología de género”.
La controversia realmente no tiene fundamentos jurídicos, ya que la Constitución Nacional tiene bien establecida la definición de género, al igual que garantiza la no discriminación.