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Tras un largo debate, senadores cartistas y sus aliados lograron aprobar con modificaciones el cuestionado proyecto de ley que pretende eliminar la aplicación del arancel consular que gravan actos y visados de documentos vinculados al comercio internacional y al transporte de mercaderías.
Los defensores del proyecto del Ejecutivo señalaron que con la supresión de los aranceles consulares se disminuirá el presupuesto de la Cancillería en US$ 24 millones y se calzará cerrando algunas representaciones consulares, disminuyendo la cantidad de funcionarios y el resto se requerirá de una ampliación presupuestaria que será financiada con recursos del Tesoro.
La senadora Kattya González (PEN) mencionó que en caso de la aplicación del proyecto, el impacto sería de unos US$ 4 millones para el 2023, ya que a la fecha se llevan recaudados unos US$ 9 millones. También mencionó que el impacto anual a partir de 2024, considerando lo presupuestado, sería de US$ 22 a US$ 24 millones por año. “El Ministro de Relaciones Exteriores (RR.EE.) señala que se hará recorte de personal por valor de US$ 10 millones y el resto será cubierto con fondos genuinos, es decir, con impuestos pagados por todos”, indicó la senadora.
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Recordó que con la modificación de la ley del servicio diplomático, aprobada el pasado año, se escalafonaron a 300 funcionarios, con salarios nuevos.
Ahorro irrisorio para importadores y exportadores
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) mencionó que las importaciones y exportaciones del Paraguay en el 2022 totalizaron de US$ 24.540 millones, valor del arancel. “Para el sector empresarial que importa y exporta y paga aranceles el ahorro va a ser de 0,0010% y para Paraguay la pérdida va a ser de 24% (US$ 24 millones) del presupuesto de Relaciones Exteriores, lo que se va a dejar de recaudar”, dijo al afirmar que va a ahorrar un sector al que no le golpea pagar una tasa afirmó al señalar que parece mas una promesa de campaña electoral a favor de navieras e importadoras.
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El senador Rafael Filizzola (PDP) en el tratamiento del estudio en particular del proyecto de ley propuso la supresión de las legalizaciones del pasaporte, títulos universitarios y del permiso de menores. ¿Cuántos estudiantes que vienen con un título del exterior por culpa de la burocracia pierden oportunidades? Así como se le esta beneficiando a empresas muy importantes, también que se beneficie a la ciudadanía”, dijo el legislador.
Indicaron que la repatriación de los funcionarios de Cancillería y las eventuales demandas en los países donde prestaron servicios pueden significar un costo muy elevado para el Estado.
Plantearon sin éxito posponer la vigencia
El senador Óscar “Cachito” Salomón (ANR, Independiente), expresó su preocupación con relación a la entrada en vigencia del proyecto de ley. Propuso posponer y que su aplicación se dé a partir del 30 de junio del 2024.
“Si se aprueba ahora prácticamente G. 40 mil millones menos va a tener la Cancillería para disponer de los cambios que necesita hacer, y para el año que viene serían G. 170 mil millones”, manifestó.
Salomón indicó que el gobierno plantea recortes en un momento en que necesita hacer cambios en las distintas representaciones diplomáticas. “Solo para lo que resta de este año las expectativas de recaudación rondan entre los G. 45 mil millones y G. 55 mil millones, el dinero que cuenta para solucionar los inconvenientes”, enfatizó el legislador.
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El senador dijo que sorprendió la desvinculación de 85 funcionarios consulares y mencionó que se habla de otra barrida de 165 funcionarios. Añadió que los 85 funcionarios cesados tienen derecho a cobrar tres salarios para el retorno a sus hogares no importa si están en Clorinda o en Europa.
“Haciendo un promedio de salarios estamos hablando de que la Cancillería necesitaría urgentemente de US$ 1 millón para que los funcionarios vengan”, indicó el legislador.
El proyecto de ley ahora pasa a consideración de la Cámara de Diputados.