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Los registros en el Sistema de Información de Compras Públicas, a cargo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), evidencian claramente cómo el Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Andrés Gubetich y Vicente Bataglia, operó para beneficiar a Neighpart SA, representada por Claudio Alberto Escobar Brizuela.
Esta empresa fue contratada el 23 de enero de 2020 por el IPS para el reacondicionamiento del bloque quirúrgico del Hospital Central, por un monto de G. 53.000 millones.
La adjudicación con ID 373013 establecía que la firma debía entregar el bloque quirúrgico en un plazo máximo de 24 meses. Se estableció que recibirían el pago de un anticipo del 20% –según la primera adenda– de los G. 53.000 millones, es decir, unos G. 10.600 millones, para comenzar los trabajos y entregar los equipos. Este ANTICIPO además era el punto de partida para el cumplimiento de las tareas.
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Sin embargo, el 19 de julio de 2022 mediante una resolución firmada por Bataglia y los consejeros Gustavo Arias, Roberto Brítez, Luda Claudina Silvera, Ricardo Oviedo y Miguel Ángel Doldán, se cambiaron en forma radical esas condiciones.
Se autorizó que la “superproveedora” empezara a trabajar recién después de que la previsional liberase el 7° piso del Hospital Central, pero no se consignó el plazo de inicio para la obra. Lo llamativo es que pese a que la empresa no iba a empezar ningún trabajo ni entregó equipo alguno, se aprobó que Neighpart SA pueda cobrar más dinero. Incluso, en adelanto de obras aún inexistentes.
Es así que el 12 de agosto de 2022 –25 días después de la resolución del Consejo– el IPS procedió a pagar G. 5.300 millones a Neighpart SA y el 29 de setiembre de 2022 –73 días después– volvió a transferir G. 4.948 millones, totalizando así G. 10.248 millones.
Hasta entonces la empresa ya atesoró G. 20.848 millones del total convenido de G. 53.000 millones. Lo grave es que el IPS recién informó a la DNCP de la adenda en las condiciones de pago y cronograma de trabajos el 13 de febrero de 2023, siete meses después de la aprobación del Consejo y tras cinco meses del último pago (el tercero) a Neighpart SA. Sin embargo, la Dirección de Normas y Control de Contrataciones Públicas observó esa modificación debido a deficiencias documentales.
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IPS: Lo que dice la ley en este caso
La Ley 2051 de Contrataciones Públicas establece que todo acto, contrato o convenio que se rija por esa ley debe ser publicado en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas).
El penúltimo párrafo del Art. 63 de esa ley dice: “Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente”