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En un comunicado remitido este jueves a la Presidencia de la República, la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social pidió al presidente Santiago Peña que se modifique el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea establecer “medidas extraordinarias para la gestión de las finanzas públicas”, a fin de incluir el pago de la deuda de US$ 70 millones del Estado con la previsional por servicios prestados a pacientes no asegurados en Pandemia.
La referida asociación detalló igualmente que el estado tiene una deuda histórica con el IPS que supera los US$ 500 millones, por aportes no ingresados en el tiempo y que a ésta se suma la deuda reciente contraída por el Estado en época de pandemia.
Los asegurados argumentaron que el pago de esta pequeña parte de la gran deuda que tiene el Estado con el IPS podrá generar algunas condiciones para paliar en algo la penosa situación que viven los sufridos asegurados del IPS.
“Los asegurados del IPS representamos unos de los sectores más golpeados por la corrupción institucional imperante, así como por la falta de cumplimiento del compromiso de pago de la deuda con el IPS”, argumentan los asegurados.
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El presidente Santiago Peña anunció esta semana ese proyecto de ley, argumentando que permitiría poner en orden las finanzas públicas ante las deudas heredadas del gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la construcción y de la salud que ronda los US$ 600 millones.
Críticas al proyecto de ley
La propuesta establece, entre otras medidas, un aumento del límite del déficit fiscal de 2,3% a 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado por ley para el año fiscal actual. Para financiar esto, se autoriza al Gobierno a contratar empréstitos por hasta 600 millones de dólares. Asimismo, autoriza al Ejecutivo a disponer de los remanentes de royalties de Municipios que no rindieron cuentas a la cartera estatal, por lo que no pudieron ser transferidos.
Sin embargo, voces de la oposición como el diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) cuestionaron la propuesta, argumentando que podría dar “superpoderes” al Ministerio de Economía y reducir la capacidad del Congreso Nacional de controlar efectivamente el gasto público.