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Con la aplicación de la iniciativa legislativa, que deroga varios artículos de la Ley del Arancel Consular, se buscaría retirar uno de los tantos obstáculos que tiene el comercio exterior para nuestro país, fomentando un clima de negocios propicios como destino de inversiones, según el texto. Sin embargo, existen cuestionamientos a la norma.
Detractores del proyecto afirman que eliminar el arancel consular representa una disminución del 45% del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. La senadora Kattya González (PEN) había solicitado a sus colegas convocar al canciller Rubén Ramírez Lezcano para que explique el alcance de la propuesta del Gobierno nacional, que precisamente fue promesa de campaña del jefe de Estado, Santiago Peña.
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Para salvar dicha situación, el cartismo plantea de forma general realizar una “reingeniería presupuestaria” y recortar los gastos superfluos, para lograr calzar el presupuesto con el dinero que dejará de ingresar a la cartera de Estado.
Comisión competente no dictamina
El proyecto de ley que busca derogar el arancel consular sólo cuenta con el dictamen de la comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, no así de las comisiones competentes como Relaciones Exteriores y de otras como: Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.