Cuarto pedido de desafuero para el diputado Samaniego

Por cuarta vez, la Justicia comunicó al Congreso que el diputado colorado cartista Esteban Samaniego tiene una causa pendiente, lo que significa que se requiere su desafuero para el inicio del proceso. El oficio judicial fue remitido por la jueza Mesalina Fernández Franco, encargada de la causa que afronta el diputado cartista desde el 2019.

Esteban Samaniego, diputado cartista.
Esteban Samaniego, diputado cartista.Emilce Ramirez

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El documento está ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según los antecedentes de este caso, el diputado cartista de Paraguarí fue querellado por difamación y calumnia por parte de la entonces encargada de ingreso del Estadio Defensores del Chaco Sara Prieto, a quien habría agredido en abril del 2019 durante un partido de fútbol. Por esta agresión el juez Elio Rubén Ovelar ya había solicitado el desafuero del parlamentario el 8 de octubre del 2019, pero en esa ocasión fue blindado por sus colegas colorados.

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El 22 de agosto de 2022 volvieron a ingresar dos pedidos de desafuero simultáneamente, pero por agresiones diferentes. Uno de ellos porque se denunció que golpeó a Marcial Gerónimo Valdez, excandidato a concejal municipal de Quyquyhó, mientras que el segundo fue por agredir y violentar el domicilio de Gerardo Marcelino Correa, también de Quyquyhó, según la denuncia. Estos pedidos tuvieron dictámenes favorables de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidente fue Rocío Vallejo (Patria Querida). Sin embargo, nunca se trataron en el pleno de la anterior Cámara Baja, por lo que los pedidos judiciales quedaron congelados.

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Agresión a senador

Como antecedente violento, el diputado Samaniego también había agredido al ahora exsenador Jorge Querey (Frente Guasu) por haber ocupado su lugar en el estacionamiento del Congreso. Samaniego minimizó la agresión y justificó el hecho alegando que no reconoció a Querey y que creyó que se trataba de un “simple” funcionario. El diputado fue investigado, pero no imputado, por un supuesto faltante de G. 10.000 millones durante su administración municipal en Quyquyhó. La causa sigue impune.

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