Cargando...
En comunicación con medios de comunicación este jueves, el senador Silvio Ovelar (ANR, HC) se refirió a la denuncia de supuesta “violencia política” presentada por la senadora liberal Celeste Amarilla (PLRA) contra sus colegas Basilio Núñez (ANR), Dionisio Amarilla (PLRA) y Hermelinda Alvarenga (PLRA), por agresiones verbales en el Congreso Nacional.
El senador Ovelar, presidente del Congreso y miembro de la facción cartista Honor Colorado de la ANR –al igual que el senador Núñez-, lamentó que “en los últimos años pasamos del discurso al espectáculo, y del espectáculo a las agresiones verbales que desdibujan la ya golpeada imagen” del Congreso Nacional.
Lea más: Celeste Amarilla presentó denuncia por violencia política contra tres de sus colegas
Opinó que los enfrentamientos verbales entre parlamentarios “dañan la imagen y la convivencia entre legisladores, que podemos disentir, pero eso tendría que darse dentro del marco del respeto”.
El senador evitó referirse explícitamente sobre el comportamiento de los parlamentarios denunciados por la senadora Amarilla, uno de los cuales es su compañero de bancada y los otros dos votan frecuentemente en sintonía con el cartismo.
Lea más: “Nos van a empezar a callar”, afirma Celeste Amarilla sobre fallo de la Corte en su contra
La senadora Amarilla acusó a los citados senadores de hostigarla permanentemente con agravios discriminatorios y pidió suspensiones de 60 días sin goce de sueldo para los tres.
“Barridas” en Relaciones Exteriores
El senador Ovelar habló también de las denuncias de “barridas” de funcionarios consulares -en su mayoría nombrados por el gobierno anterior- por parte de la administración del presidente Santiago Peña.
Esas movidas de plantel llevaron a cuestionamientos de legisladores colorados fuera del oficialismo cartista y versiones de que se trata de una “vendetta” política contra funcionarios de la administración anterior.
Lea más: Varios funcionarios “políticos” en embajadas y consulados se salvaron y “seguirán mejor”
Al respecto, el senador Ovelar dijo que se trata de una “medida generalizada” que obedece a que el Estado “no tiene condiciones de sostener todos esos consulados por las deficiencias presupuestarias”.
“Se han cometido barbaridades en varias instituciones y el Gobierno necesita ajustarse los cinturones”, dijo. “Lógicamente están quienes seguramente tuvieron un manejo más privilegiado en el pasado y se sienten afectados”, acotó.