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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se reunió ayer con los miembros de las comisiones de Cuentas y Control y de Presupuesto de la Cámara de Diputados para defender la ampliación presupuestaria de casi G. 80.000 millones para el Ministerio Público. Desde que asumió, en marzo, viene impulsando este pedido para cubrir deudas impagas de la administración de Sandra Quiñónez.
Al concluir el encuentro, Rolón señaló que le preocupa la lentitud con que avanza el pedido en la Cámara Baja, aunque tras la reunión dijo sentirse acompañado por ambas comisiones. “Prácticamente hay un acompañamiento pleno y esto gratifica”, dijo el fiscal general.
Con respecto al destino de los fondos solicitados, señaló que están con una carencia histórica en la Fiscalía. “Prácticamente G. 65.000 millones son para pagar deudas y G. 15.000 millones para ver esta impronta que sucedió en los últimos tiempos, la renuncia masiva de fiscales para acogerse a los beneficios de la jubilación”, puntualizó.
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Rolón señaló que el país cuenta apenas con 370 de los más de 500 fiscales que se necesitan. “Seguro estoy de que eso bajará notablemente al mes de diciembre, porque todos fenecen su mandato y tienen derecho a jubilarse. No se olviden que todos juntos ingresaron allá por 1997. A este tiempo están ya con los plazos fenecidos y ven hasta más interesante jubilarse y dedicarse a la profesión”, explicó.
Rolón recordó que el cargo de fiscal está sujeto a un concurso que lleva seis meses para el proceso. “Adjuntos necesitamos doce, doscientos fiscales precisamos para el año que viene. En este presupuesto se prevén 40 y vamos a ir reponiendo los cuadros. Esta es una emergencia que surgió en este momento histórico y tenemos que enfrentarlo para que la institución tenga el respaldo de un buen funcionamiento”, aseguró.
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Caso feminicidio de Katia Brítez
El fiscal evitó opinar sobre el sobreseimiento del presunto feminicida Osvaldo Zaracho. “Vamos a hablar hoy del tema presupuesto y todo lo que defendimos aquí. Es simplemente por ordenar la idea”, agregó.
Consultado sobre la implementación de las tobilleras electrónicas, dijo que considera importante una respuesta a la necesidad de control de estas personas procesadas, que cuentan con el beneficio de deambular en la sociedad, pero que necesitan estar sujetas a control más preciso.
El preso debe pagar tobillera, dice Yamil Esgaib
El diputado cartista Yamil Esgaib sugirió que el delincuente debe pagar la tobillera. Agregó que en la Cámara Baja la mayoría está de acuerdo con otorgar una ampliación presupuestaria a la Fiscalía y que también se está trabajando en un proyecto de ley y no solo en la reglamentación de la ley de tobilleras electrónicas.
“Estamos trabajando en un borrador de proyecto de ley para aplicar ya las tobilleras electrónicas. No se puede aprobar por aprobar las leyes y luego dejar que el Poder Ejecutivo las reglamente. Hay que ser claros”, dijo el diputado al cuestionar que pese a que existe una ley para monitorear a las personas que tienen prisión domiciliaria siga sin ser reglamentada.
En consecuencia, cada día ocurren más hechos de violencia que tienen como protagonistas a las personas con prisión domiciliaria, indicó.
“Estamos viendo para que el delincuente pague por el servicio de tobilleras electrónicas y así que no sea un negociado para el Estado. El delincuente debe pagar una cuota mensual por el aparato y si no paga se le quita el servicio de la prisión domiciliaria y va a la cárcel”, sugirió.