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“El Gobierno cartista ya alcanzó el límite de endeudamiento para hacer sus negocios, ahora fija su mirada en los fondos jubilatorios para seguir financiando sus negocios. Pretende fondear su déficit a expensas de los fondos jubilatorios” recalcó Esperanza Martínez desde sus redes sociales.
El viernes último la parlamentaria encabezó una audiencia pública sobre la situación de la Caja de Jubilados Bancarios. En el Senado, la oposición se alista para debatir el cuestionado proyecto y este jueves se prevé una manifestación de asegurados del IPS frente al Congreso para denunciar el intento de saquear la entidad con este proyecto de ley.
“Ante la actitud poco democrática y participativa del segundo Gobierno de Cartes, debemos tomar otro camino para asegurar las cajas fiscales. Mi posición es la de defensa de los fondos jubilatorios, de la seguridad social”, agregó Martínez.
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Santiago Peña “miente de entrada”, dice Esperanza Martínez
“El Gobierno cartista de Peña nos envía un proyecto de superintendencia de jubilaciones. Pretende convencernos que sus objetivos son la transparencia y sostenibilidad. Propone que los fondos jubilatorios estén bajo el control del BCP. Lo que queda claro es que miente de entrada”, aseveró la legisladora.
Indicó que mientras la Seguridad Social tiene como prioridad el bienestar de los aportantes, de las personas, el Banco Central del Paraguay es responsable de regular el sistema financiero y la política monetaria. “Nada más alejado de la seguridad social”, dijo.
Agregó que dicho proyecto plantea una “inmunidad” legal para los funcionarios e interventores y que esto podría generar un problema de responsabilidad, de transparencia y de control sobre los fondos jubilatorios.
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Días atrás en una charla sobre el futuro de las jubilaciones, Pedro Halley, representante de jubilados, expresó que el BCP no tiene atribuciones para supervisar jubilaciones.
También cuestionó que hay artículos que delegan la administración de fondos a la superintendencia, derogando la autonomía que tienen las cajas, por lo que agregó que el Ejecutivo debe retirar el proyecto.