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Entre los 14 puntos incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria fijada para hoy a las 09:00 en la Cámara de Diputados, se incluyeron varias iniciativas que afectarían directamente al Presupuesto General de la Nación.
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En el punto 12 figura el proyecto de ley que amplía en G. 80.220.307.127 el presupuesto de este año del Ministerio Público, un pedido que hace tiempo viene realizando el actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para pagar deudas dejadas por su antecesora y cubrir mínimamente la carencia de personal, principalmente fiscales.
Entre otros rubros que contempla esta ampliación figuran unos G. 18.675.321.775 para pago de alquiler de sedes fiscales, unos G. 6.000.000.000 para pago de factura por suministro de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y también un importante monto para contratación de 468 funcionarios, una parte de ellos, fiscales.
La iniciativa cuenta ya con media sanción de la Cámara de Senadores, luego de que fuera brevemente cajoneada, con tufo a “presión política”, ya que justo el expresidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, había presentado denuncia penal por supuesta “persecución política”. El punto no fue dictaminado ayer en la Comisión de Presupuesto, por lo que sería postergado.
Indemnización para ANNP fue inflado casi en el doble
Otro monto sumamente cuestionado es el proyecto vetado totalmente por el Ejecutivo “que autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución, por el cese de operaciones del Puerto de Asunción”.
El caso es muy grave, ya que las condiciones que se establecen en el proyecto de ley plantean un “retiro de oro” para estos funcionarios, planteando repartir G. 52.826.575.444, siendo que, según el cálculo de la anterior Presidencia, con base en los parámetros normales del Código Laboral, corresponde desembolsar solo G. 29.973.464.282, es decir, habrían inflado casi el doble de lo que corresponde.
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También se volverá a intentar tratar el proyecto de ley “de regulación social y financiera de los trabajadores de Aceros del Paraguay Sociedad Anónima (Acepar)”, que faculta a desembolsar fondos estatales por hasta G. 24.000 millones para “indemnizar” a exobreros de la acerera estatal.
Finalmente, también se plantea una ampliación de G. 4.937.325.358 para la gobernación de Misiones, para cubrir en lo que falta del año la alimentación escolar de unos 14.500 alumnos. La situación es igual en todo el país por recorte de Fonacide por parte de Hacienda.