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El presidente de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González en varias ocasiones dijo que aún faltan muchos ajustes a la Ley Nº 6105/2020 para poder transparentar las campañas políticas y evitar el ingreso de dinero sucio en el financiamiento de candidaturas políticas. Manifestó que se necesita una ley para controlar el dinero no declarado en las campañas proselitistas por lo cual se está trabajando desde la Justicia Electoral para proponer al nuevo parlamento modificar la ley de financiamiento político y llenar esas lagunas legales.
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Los casos largamente debatidos
Estas modificaciones deben ser principalmente para evitar que personas que tengan procesos judiciales participen de las elecciones tal como se tuvo en los comicios pasados. Por ejemplo el caso del senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururú, quien desde la cárcel se candidató o como Erico Galeano, quien está procesado por tener vínculos con el narcotráfico y alega tener “dobles fueros”. Ambos mediante el voto popular accedieron a una banca al Congreso Nacional. Mbururú no pudo ocupar su banca pues no consiguió aún su libertad.
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También volvieron a candidatarse Miguel Cuevas y Ulises Quintana, ambos enjuiciados, uno por enriquecimiento político y otro por supuesto vínculo con el narco Javier “Cucho” Cabañas. Ambos no lograron convencer al electorado y abandonaron el pasado 30 de junio la Cámara de Diputados.
Las recomendaciones de los observadores internacionales
La misión de observadores internacionales que llegó a nuestro país para participar de las elecciones de abril pasado destacó que con las leyes Nº 6501/2020 y Nº 6951/2022 se introdujeron nuevas disposiciones sobre financiamiento de campañas electorales aplicables a los comicios. El objetivo es aumentar la rendición de cuentas, la inclusión de la figura jurídica de las concertaciones en la ley de financiamiento político, la introducción del derecho al voto para los paraguayos residentes en el extranjero, que anteriormente estaban ausentes en la legislación paraguaya.
Sin embargo, puntualizaron que el país sigue sin abordar otras cuestiones importantes como las medidas para facilitar la participación política de las mujeres, un marco jurídico adecuado que regule la participación de la observación electoral nacional y la despenalización de la difamación.
Asimismo observaron que las elecciones se desarrollaron en un entorno altamente polarizado, en el cual prevaleció la desconfianza en las instituciones del Estado y las estructuras políticas.
“La narrativa de la campaña estuvo marcada por graves acusaciones de corrupción que implicaron a altos funcionarios, así como por una preocupación generalizada en torno a la creciente influencia del crimen organizado y el tráfico de drogas en la política”, fue una de las observaciones de la Unión Europea.
Asimismo, los observadores indicaron que la inducción al voto fue una práctica común el día de las elecciones, principalmente de los candidatos del Partido Colorado y sembró dudas entre los candidatos opositores.
Si bien se lograron algunos avances con respecto a elecciones pasadas (2018), la falta de la trazabilidad del dinero y un control estricto siguen siendo una tarea pendiente.
Los diputados, senadores y el gobierno de Santiago Peña tienen la gran misión de articular las acciones y de esa manera evitar de una vez por todas el ingreso del dinero de origen dudoso a las campañas proselitistas.