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Ni bien asuma la primera magistratura del país, Santiago Peña, tendrá que resolver conflictos diplomáticos y citamos tres frentes en su política exterior de su gobierno que asume este 15 de agosto. Peña tendrá que apagar los focos de conflicto, de la mano de su canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.
Embajada en Israel
El jefe de Estado electo, Santiago Peña, confirmó su intención de mudar la embajada paraguaya en Tel Aviv a Jerusalén (Israel), hecho que causó una tensión diplomática en el 2018, provocado por el enfrentamiento entre el presidente Mario Abdo Benítez (ANR) y el exmandatario Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado.
En mayo del 2018, a pocos meses de dejar el poder, el entonces presidente Horacio Cartes, mentor político de Santiago Peña, inauguró la sede de la embajada en Jerusalén, siguiendo los pasos de los gobiernos de Estados Unidos de América (EE.UU.) y Guatemala, los dos únicos países que dieron ese paso, aquella vez.
En septiembre de 2018, poco después de asumir el cargo, la administración de Mario Abdo Benítez revocó esa decisión y argumentó que había sido una medida tomada de forma unilateral. El presidente Abdo Benítez ordenó que se traslade nuevamente la sede diplomática paraguaya de Jerusalén a Tel Aviv, medida que sigue vigente.
El gobierno de Israel respondió rápidamente cerrando su embajada en Asunción y suspendió los programas de cooperación entre ambos países. En septiembre del 2019 hubo una mejora de las relaciones con Israel tras el reconocimiento por parte de Paraguay del movimiento islamista palestino Hamás como una organización terrorista internacional.
El pasado 26 de enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso graves sanciones financieras a Horacio Cartes, y lo vinculó con la organización terrorista Hezbolá, enemigo de Israel.
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Unión Europea
Otro foco de conflicto diplomática que tendrá que afrontar Santiago Peña es el roce que causará la derogación de la donación de 38 millones de euros de la Unión Europea (UE) para la educación en nuestro país.
El proyecto de ley “que deroga la vigencia de la Ley Nº 6659/2020, fue blanco de una gran controversia en las pasadas elecciones, algo que fue azuzado por grupos “provida y profamilia” y aprovechada electoralmente por el cartismo. El ministro de Educación de Peña, Luis Ramírez, se mostró ambiguo hasta el momento.
En su momento, el embajador de la Unión Europea (UE), Javier García de Viedma, lamentó las consecuencias que puede generar el proyecto de ley que deroga la donación de 38 millones de euros para la educación paraguaya. Dijo que en el debate “ha habido desinformación errónea de forma interesada”, además de “ignorancia y confusión”.
El embajador García de Viedma recordó que los fondos donados por los países de la UE son “no reembolsables” –entiéndase, que no se trata de un préstamo que Paraguay debe devolver– y que no están sujetos a ningún condicionamiento político. Reiteró que la donación no tiene vínculo con el Plan de Transformación Educativa.
García de Viedma remarcó que el bloque europeo no tiene influencia en la malla curricular del sistema educativo paraguayo, ya que “cada país elige el modelo que quiere para su educación”. Agregó que Paraguay puede disponer de los fondos donados como mejor le parezca.
En su momento, el ahora expresidente Mario Abdo Benítez, lamentó la iniciativa parlamentaria y adelantó que vetaría la derogación de la cooperación de la UE.
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Venezuela
Santiago Peña adelantó su voluntad de “restablecer las relaciones” con Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro y de “intentar ser una voz para todos los venezolanos que están pidiendo elecciones y defensa de los derechos humanos”. “Paraguay, un país que por 35 años tuvo una dictadura, tiene una responsabilidad para hacer una defensa de la democracia y de los derechos humanos”, dijo Peña.
Paraguay rompió relaciones con Venezuela en enero de 2019 por considerar que existió ruptura del orden democrático en aquel país tras unas cuestionadas elecciones presidenciales. El gobierno de Mario Abdo cerró entonces la Embajada en Caracas y pidió el retiro del personal diplomático venezolano de Asunción.
En el coyuntura en la relación con Venezuela, otro tema pendiente de resolución de una antigua operación a través de la cual la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) vendió combustible a Petróleos Paraguayos (Petropar) en 2009. Peña se mostró predispuesto ayer a cancelar la deuda de 300 millones de dólares que su país tiene con Venezuela en relación a unas compras de combustibles en 2009, aunque con las condiciones acordadas entonces.
Semanas atrás, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al mandatario saliente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pagar la deuda de unos 300 millones de dólares que su país tiene con la nación caribeña, “antes de irse de la Presidencia”, este 15 de agosto. Esa deuda se refiere a una operación a través de la cual la estatal PDVSA vendió combustible a Petropar.
Desde marzo de 2019, el litigio arbitral entre Petropar y PDVSA se encuentra suspendido por orden procesal del Tribunal Arbitral Internacional que tiene su sede en París, Francia. La suspensión en cuestión fue solicitada por la estatal nacional –y acogida favorablemente por el Tribunal Arbitral–, en atención a la situación existente en la República de Venezuela, donde existían dos gobiernos proclamados.
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En este litigio PDVSA reclama que la deuda está vencida, que es exigible inmediatamente y pretende intereses superiores a lo establecido en el Acuerdo de Caracas (tratado internacional) suscrito por Paraguay y Venezuela en el año 2015.
Mientras tanto, Petropar asegura que la deuda no se encuentra vencida, puesto que se establece un plazo de 15 años de financiación, más 2 años de gracia, lo que implica una financiación con vencimiento recién en el año 2026 y que la tasa de interés que debe ser aplicable a la financiación es del 2% anual.