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“¡Cuánta homofobia y discriminación en este discurso de odio!”, inició en su respuesta la catedrática en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo, respecto a las declaraciones en la que la senadora cartista Lizarella Valiente afirmaba que buscan penalizar el adoctrinamiento homosexual en el sistema educativo mediante una ley.
“Decir que queremos penalizar el “adoctrinamiento” homosexual es considerar la homosexualidad como algo penalmente reprochable, algo malo, algo despreciable. El Estado NO tiene injerencia sobre la vida sexual de las personas”, explicó en su cuenta de Twitter la abogada.
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Discurso de discriminación
En comunicación con ABC Digital, Alejandra Peralta dijo que las expresiones de la senadora Lizarella Valiente entrañan un discurso de discriminación muy grande, bajo la cortina de “protección a la infancia y la adolescencia”, más aún al decir que en este país no existe el machismo, sino que los hijos varones son simplemente malcriados por sus madres.
“Las cifras de violencia familiar contra mujeres (o violencia de género) son alrededor de 30.000 casos por año que debe atender el Ministerio Público. Ni bien iniciábamos el 2023, en los primeros 2 meses, se registraron 12 feminicidios en Paraguay”, indicó la magíster en derechos humanos.
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Agregó que incluso, recientemente, fuimos testigos de un descuartizamiento a una mujer embarazada de manos de su pareja y padre de la criatura. “Entonces, ¿estos 30.000 hombres violentos, feminicidas y abusadores en realidad solo recibieron exceso de malcrianza?”, cuestionó.
Legisladora sin noción de historia y derecho
Peralta Merlo explicó que los derechos de las mujeres empezaron a escribirse recién 2 siglos después que los derechos del hombre, teniendo en cuenta que a inicios de 1900 se empezaban a gestar movimientos, marchas y protestas de mujeres en reclamo de igualdad de derechos.
“Recién en 1960, Paraguay consiguió reconocer el voto femenino como último país en el continente en hacerlo. La violencia de género se materializa día a día a través de celos excesivos, insultos, golpes y hasta la muerte. Todo responde a la falsa creencia del hombre de sentirse superior a la mujer, de creer que tiene poder sobre ella. Eso es machismo puro y duro. Y negarlo es simplemente retroceder más de un siglo”, agregó.
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Destacó que Paraguay es un país en desarrollo, con un potencial gigantesco, pero que los ciudadanos no podemos darnos el lujo de retroceder un siglo, solo porque, coyunturalmente, algunas legisladoras no tienen noción de la historia y los derechos fundamentales.
Lo grave de penalizar la homosexualidad
La abogada dijo que pretender penalizar el supuesto “adoctrinamiento” homosexual, es reconocer que la homosexualidad está mal.
“Si yo digo: voy a castigar a quien habla de los negros, entonces estoy diciendo que la raza negra es mala. Si penalizo a quien hable de las personas con discapacidad, entonces estoy diciendo que ser una persona con discapacidad está mal”, ejemplificó.
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Resaltó que es por eso que hay que diferenciar muy bien lo que se entiende por “adoctrinamiento” y lo que es la enseñanza en igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta que la discriminación está prohibida, eso incluye a las personas del colectivo LGTBIQ+.
No se enseña a ser homosexual
Alejandra Peralta Merlo agregó que en las escuelas y colegios no se enseña a ser homosexual, así como no se enseña a ser heterosexual, y siendo que una persona es homosexual o heterosexual, y punto. Agregó que en las escuelas y colegios se enseña que la igualdad es un derecho y un pilar fundamental para las políticas públicas, y se enseña que la discriminación o el bullying están prohibidos.
“Entonces, con este proyecto de ley, ¿qué debería responder un profesor que enseña sobre la no discriminación, cuando los alumnos preguntan si pueden discriminar a una persona homosexual? Si responde que “no”, va preso, si responde que “sí”, está incumpliendo con un principio constitucional, y “no sé” no es una respuesta válida para el profesor”, alegó.
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Finalizó diciendo que es un absurdo en el cual caemos cuando se pretende pagar favores políticos con proyectos absolutamente contrarios a nuestra realidad socio educativa y al respeto a los derechos humanos.