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En el considerando del proyecto de resolución se menciona que, para combatir la corrupción, ésta tiene que ser comprendida no como un problema moral sino como un comportamiento delictivo que lesiona los derechos humanos.
Asimismo, en el proyecto de resolución se considera que se debe implementar políticas que reformen y solucionen problemas específicos que hacen posible la corrupción, sancionando a los culpables y apuntando a la reparación del daño social producido con esta práctica.
Afirman que el Paraguay necesita ajustar su derecho positivo a los estándares internacionales, a partir de la ratificación de las convenciones, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por el Paraguay por Ley N° 977/96 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada por el Paraguay por Ley No. 2535/05.
Refieren, además, que el órgano constitucional designado para la sanción de las leyes es el Congreso Nacional, por lo que es menester que los legisladores de las diferentes bancadas junto con el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, revisen y modifiquen la legislación contra la corrupción para adaptarse a nuevas exigencias y formas de corrupción puesto que, cuando el aparato normativo es permisivo, flexible, tolerante, genera impunidad frente a los actos de corrupción.
El Frente Parlamentario Anticorrupción se inició en la Cámara de Diputados y la misma estuvo presidida por la senadora Kattya González (PEN), entonces diputada. Ahora, en la Cámara de Senadores se pretenden instalar similar órgano que servirá para modificar o diseñar proyectos de ley anticorrupción, así como sentar posturas en relación a casos emblemáticos sobre hechos de corrupción.
El proyecto también fue presentado por la multibancada opositora integrada por Cruzada, el PDP, FG, PLRA y Yo Creo.