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Esta es una autoconvotoria de ciudadanos que se constituyó en asamblea de vecinos para crear esta organización de contraloría ciudadana “porque existe el fundado temor de que el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senador David Rivas, intente ejercer tráfico de influencias” para favorecer a su padre, el intendente Hernán Rivas, sobre quien pesan denuncias por presuntos hechos de corrupción, explicó Miguel Ángel González, tesorero de la agrupación.
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La asamblea constitutiva se realizó el viernes pasado y fue electo presidente de la organización Lucio Pereira Giménez. Ahora se está trabajando en los trámites de reconocimiento formal de la coordinadora, y en el diseño de una estrategia de acción para ejercer el debido control a las instituciones públicas que deben investigar los hechos denunciados, refirió González.
El ciudadano no descartó que entre esas acciones se contemplen movilizaciones sociales como medida de presión a los organismos públicos.
Denunciado en el Ministerio Público
El intendente municipal de este distrito, el colorado cartista Hernán Rivas, fue denunciado ante el Ministerio Público por una mayoría en la Junta Municipal ante indicios de presuntos graves hechos de corrupción que afectan a la Municipalidad. Rivas recusó al fiscal Walter Castro, ante cuya unidad se presentó la denuncia, y se espera una definición al respecto de la fiscalía general adjunta de la Quinta Región, a cargo del fiscal Augusto Salas.
Rivas está denunciado por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y estafa. Estos mismos argumentos fueron motivo para que la Junta Municipal pidiera la intervención de la gestión comunal al Ministerio de Interior. La solicitud de intervención se encuentra para estudio en la Cámara de Diputados.
En reiteradas ocasiones intentamos obtener una versión de los hechos del intendente Rivas, pero no respondió nuestros mensajes de WhatsApp ni las llamadas telefónicas.
Rechazo de informe y pedido de intervención
Por Resolución número 21-25/2023-069, la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira aprobó un pedido de intervención de la administración de Hernán Rivas tras detectar presuntas graves irregularidades en la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022.
El cuerpo legislativo rechazó el informe de ejecución y a iniciativa del concejal municipal Concepción Martínez (ANR) aprobó solicitar la medida extrema de solicitar la intervención del municipio.
En sesión extraordinaria del 6 de junio pasado la Junta se ratificó en su rechazo de la ejecución presupuestaria del intendente Rivas porque en su descargo el jefe comunal no despejó los cuestionamientos ni fundamentó las observaciones sobre las irregularidades que habían motivado el rechazo en una primera instancia, según explicaron los ediles.
Con el voto nominal de los concejales (oficialistas y opositores) Francisco Osmar Martínez, Roland Villaverde, Belgrano Cibils, Miguel Ángel Domínguez, Virgilio Ortiz, Édgar González, María Irene Arnold, Concepción Martínez y Adalberto Caballero (nueve de un total de 12) la Junta Municipal se ratificó en el rechazo. Además, resolvió remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR) y presentar denuncia ante la fiscalía zonal de María Auxiliadora por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y producción mediática de documentos públicos de contenido falso.
Entre las irregularidades atribuidas a la administración del intendente Hernán Rivas se menciona pago por trabajos de perfilado de caminos y desagües realizados mediante “contratos de fachada” para los cuales se desembolsaron unos 684.419.390 guaraníes a la empresa “Delgado Neher SRL”, pero las obras fueron realizadas con máquinas municipales.
Otro de los puntos citados es el manejo del dinero público en trabajos de excavación de estanques para piscicultura en el que la Municipalidad destinó G. 150 millones a la firma “Marcio de Andrade”.
Una investigación de la Junta Municipal detectó que esos trabajos fueron ejecutados con maquinaria de la Municipalidad. Incluso en algunos casos con combustible proveído por los propios beneficiarios.
También la investigación de los concejales hace referencia a una presunta sobrefacturación en el pago por contratación de máquina retroexcavadora, irregularidades en el uso de combustibles en el que se encontró una diferencia de 3.261 litros del carburante entre el informe del intendente (10.315 litros) y lo que efectivamente se pudo comprobar como volumen utilizado.