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La universidad británica de Cambridge publicó en junio un estudio titulado “Políticas criminales y desarrollo frustrado en la Latinoamérica contemporánea”, firmado por los académicos Andreas E. Feldmann y Juan Pablo Luna, que evalúa “la relación entre la narcoindustria y la política”, y su influencia en el desarrollo político y económico.
El estudio se centra en cuatro países: Paraguay, Chile, Uruguay y Perú.
En su introducción, Feldmann y Luna se centran en Paraguay, resaltando el operativo A Ultranza, que describen como “la operación antidrogas más importante de la historia del país, resmantelando una vasta red criminal vinculada al expresidente Horacio Cartes”.
Sin embargo, argumentan que esa operación solo fue posible por la disputa interna entre las entonces facciones dominantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), el movimiento Honor Colorado de Cartes y el oficialismo liderado por el presidente Mario Abdo Benítez.
“Más allá de revelar cómo el narcotráfico penetra en los más altos niveles del sistema político paraguayo, la operación reveló una vasta red trasnacional de corrupción con ramificaciones en toda la región”, indica el estudio, citando como ejemplos de esas ramificaciones el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al que ha sido vinculado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y los presuntos vínculos de Marset con la familia Cartes y con el narcotraficante brasileño Fahd Jamil.
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“Jamil y Cartes operaron varias rutas lucrativas de macrotráfico para exportar drogas desde Paraguay a países vecinos”, reza el texto. “Sus negocios crecieron durante la administración (del presidente) Andrés Rodríguez”.
Una mirada histórica
El estudio de Feldmann y Luna hace un resumen de la historia del narcotráfico en Paraguay desde el inicio de las plantaciones de marihuana en el Chaco en la década de 1960 hasta la posición actual del país como el mayor productor de esa droga en Sudamérica y un país estratégico de tránsito de otras drogas como la cocaína.
Señala también el rol que jugó el gobierno de Alfredo Stroessner en el negocio de la droga en Paraguay, atribuyendo a la administración del dictador la creación de un esquema de protección al narcotráfico y otras actividades ilícitas, un esquema “bajo el cual el Partido Colorado y los militares brindaban protección a narcotraficantes a cambio de pagos para financiar las distintas facetas del Partido y sobornos a altos mandos militares”.
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Según el análisis del estudio, los políticos paraguayos “tienen un rol esencial en el macrotráfico, que surge de su participación histórica en el desarrollo del corredor de contrabando este-oeste y su apoyo encubierto al acaparamiento de tierras (…) para lavar grandes sumas de dinero del narcotráfico”.
El estudio señala también como un factor desestabilizante a las organizaciones criminales brasileñas que en los últimos tiempos han ganado cada vez más influencia en el mundo criminal paraguayo por medio de la violencia en zonas fronterizas y dentro del sistema penitenciario.
“Esta disrupción ha causado que las élites paraguayas y los agentes estatales hayan perdido capacidad de mantener el ‘sistema’ bajo su control”, argumentan los autores.
Según el estudio, la situación actual en Paraguay asemeja a la de México cuando el sistema de “plazas” del Gobierno del Partido Revolucionario Institucional comenzó a fallar y resultó en un aumento en la violencia vinculada al narcotráfico.