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El mandatario Mario Abdo Benítez firmó el Decreto N° 9625, con fecha 7 de julio, por el cual objeta totalmete el proyecto de ley N° 7105 “Del Archivo General de la Nación y del Sistema Nacional de Archivos”, sancionado por la Cámara de Senadores el 18 de mayo pasado. La iniciativa pretendía regular el sistema de resguardo y preservación del patrimonio documental de nuestro país. El proyecto de ley fue presentado por los entonces senadores del Frente Guasu: Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Esperanza Martínez (reelecta).
En el debate legislativo, el entonces senador Hugo Richer (FG), presidente de la Comisión de Legislación, recordó que el proyecto ya fue debatido en la Cámara Alta y tiene por objeto la creación del Archivo General de la Nación de la República del Paraguay dependiente del Poder Ejecutivo, como una institución autónoma y autoridad rectora del patrimonio documental de la Nación.
El parlamentario añadió que dicha institución tendrá como función el control sistemático de la creación, la custodia y preservación del patrimonio documental de la Nación, para una adecuada gestión de la administración pública y para la salvaguarda de documentos considerados patrimonio documental.
Richer refirió que la Cámara de Diputados introdujo modificaciones al proyecto, pero sin alterar la esencia del mismo, por lo que, solicitó aceptarlas.
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Argumento del veto
El Poder Ejecutivo refiere que de acuerdo con los informes proveídos por dependencias técnicas del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Ley 1V.° 7105/2023 no fue canalizado propiamente a través de dicha cartera de Estado. Por tanto, carece de un análisis previo respecto a la viabilidad e impacto de la creación de un nuevo organismo, especialmente, en el plano presupuestario.
El Ejecutivo señala que la creación del Archivo General de la Nación “significará la inclusión de una nueva entidad al Presupuesto General de la Nación, con una estructura orgánica propia, que implicará, a su vez, la asignación de nuevas partidas para la creación de cargos y otros gastos rígidos”.
“Es decir, habrá un impacto en el presupuesto y, consecuentemente, en el erario público. Por otra parte, se requerirán más recursos para cubrir el requerimiento de las distintas dependencias, a a efectos de cumplir con las tareas asignadas, circunstancia que traería aparejada la necesidad de contar con insumos, mobiliarias, alquileres, entre otros”, señala el decreto.
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Inviabilidad
En el considerando del decreto refiere que “bien vale destacar que los gastos dentro del Grupo 100 «Servicio Personales» son de naturaleza rígida dentro del Presupuesto General de la Nación. Entonces, en caso de aprobarse la propuesta planteada, se tornaría necesario disponer de mayores recursos para el ejercicio fiscal 2023″, para cubrir los requerimientos de la nueva estructura, tales como bonificaciones, horas extras, subsidio familiar y otros que se requerirían para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la puesta en, funcionamiento.
“Que, por otro lado, como la normativa establece que la organización del Archivo General de la Nación será definida en su reglamentación, y extiende la facultad de proponer y disponer de la organización interna mediante resoluciones. no es posible determinar con exactitud el impacto financiero de la propuesta. No obstante, queda expedita la vía para que puedan ser requeridos recursos adicionales de la Fuente de Financiamiento 10 «Recursos del Tesoro», que muestra resultados deficitarios”, indica la disposición del Ejecutivo.
El Ejecutivo, señala, finalmente, que “no existe margen para ,financiar gastos adicionales en la mencionada fuente de financiamiento, salvo que sea en detrimento de otros”.
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