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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Federico González, ministro del Interior, respondió a las afirmaciones hechas por el senador liberal Líder Amarilla, quien refirió que el nuevo sistema de emisión de cédulas de identidad y pasaportes con chip es una “tragada” de 28 millones de dólares y que el Ministerio del Interior incurrió en sobrefacturación y otras irregularidades en su implementación.
En la última sesión del Senado, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico dijo que el Gobierno busca pagar 28 millones de dólares por un sistema informático que “ya se tiene en Identificaciones” de manera funcional y que costó solo 1,5 millones de dólares.
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El ministro González dijo que “muchos intereses se oponen a que esto salga”, negándose a entrar en detalles sobre las personas detrás de esos intereses, pero insinuando que se trata de sectores que generaban ingresos con el sistema de provisión de documentos de identidad que estaba vigente.
Señaló que el contrato para la implementación del nuevo sistema de cédulas y pasaportes, a cargo de un consorcio empresarial encabezado por la firma francesa de electrónica Thales, se firmó en 2017 y desde entonces el proyecto fue denunciado ante el Tribunal de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, el Senado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio Público.
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“En todas las instituciones se dio curso para avanzar”, señaló el ministro González.
Comparar una avioneta con un Boeing
Sobre la afirmación del senador Amarilla de que el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, organismo encargado de emitir las cédulas y pasaportes, ya cuenta con un sistema informático funcional, el ministro González dijo que comparar el sistema previamente vigente con el que está siendo implementado ahora “es como comparar una avioneta monomotor con un Boeing 747″.
Señaló además que el nuevo sistema eliminaría las esperas de varias semanas por la emisión de documentos que es frecuente en Identificaciones, ya que en la etapa inicial se pueden entregar cédulas a la ciudadanía en cinco o seis horas y, una vez que el sistema termine de ser implementado, ese tiempo se reduciría a dos o tres horas y que los pasaportes también serán entregados en el mismo día de su solicitud.
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Enfatizó además que los precios por la emisión de cédulas y pasaportes no aumentarán.
Sistema anterior “hacía agua”
El ministro González agregó que cuando asumió la titularidad del Ministerio del Interior “ya encontré esto y estaba caído, obstaculizado, y es una necesidad porque el sistema actual de documentación no está en buenas condiciones, hacía agua por todos lados”.
Esas trabas, señaló, podrían haber llevado a una acción judicial por parte de la empresa francesa Thales contra el Estado por incumplimiento de contrato, un pleito que -en su opinión- Paraguay iba a perder.
Agregó, además, que existe una exigencia de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional de la implementación de pasaportes con chip por cuestiones de seguridad, por lo que impedir la emisión de ese tipo de documentos en Paraguay podría ocasionar que los ciudadanos paraguayos se vean imposibilitados de viajar a gran parte del mundo.
Consultado sobre un supuesto aumento en el monto del contrato, el ministro González dijo que eso es algo que aún está en debate o negociación entre el Estado y el consorcio –cuyas firmas paraguayas integrantes no supo identificar– y afirmó que el pago por el contrato no se hará durante el actual periodo de gobierno, sino que será responsabilidad de su sucesor.
Sobre ese punto, dijo que Enrique Riera, designado por el presidente electo, Santiago Peña, como futuro ministro del Interior, ya fue informado del asunto y “está de acuerdo y conforme”.
El ministro González señaló que recientemente se tuvo que firmar una adenda al contrato para la incorporación al sistema de nuevos equipos informáticos que vuelven obsoletos a los que contemplaba el contrato original de 2017. Sin embargo, afirmó que esa adenda no habla de montos adicionales a cargo del Estado, sino que los costos de la misma son asumidos por el consorcio contratado.