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La Cámara de Diputados aceptó la objeción total del Ejecutivo al proyecto de ley “que modifica los artículos 187 Y 192 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal, modificado por la Ley Nº 3440/2008 (Estafa y Lesión de Confianza, respectivamente)”, lo que en la práctica remite al archivo esta cuestionada iniciativa, independientemente ya a lo que disponga luego la Cámara Alta.
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La diputada Rocío Vallejo (PPQ) argumentó el pedido de archivamiento y el grave riesgo en el caso de que hubiese sido promulgado este proyecto de ley. Explicó que ella fue proyectista buscando elevar a 15 años las penas contra administradores corruptos de fondos públicos, sin embargo, en Senado “tergiversaron totalmente” el proyecto, y no solo dejaron en 10 años la expectativa de pena, sino que además agregaron elementos que ponía en vilo los pocos avances que se tuvo en este tiempo en el combate a la corrupción.
Señaló que las modificaciones pretendían agregar un elemento subjetivo adicional, como lo es demostrar que hubo intención de causar daño o enriquecerse en casos de lesión de confianza (robo de dinero público), lo cual no solo dificulta la obtención de condenas, sino que abre la compuerta a pedidos de revisiones de condenas vigente.
“De no aceptarse el veto, estaríamos prácticamente dejando en libertad a las personas (...) que han afectado al patrimonio del Estado y lógicamente que también estos tipos penales se aplican al ámbito privado”, dijo y comentó que al agregar este “elemento subjetivo adicional, que es la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido”, obligaría a la Fiscalía a tener que demostrar no solo el robo al Estado, sino la intención en enriquecerse del corrupto.
El beneficio no solo hubiese beneficiado a los casos a futuro, sino también a los ya condenados, puesto que la Constitución establece que ninguna medida judicial será retroactiva, salvo que sea favorable al encausado.
“Si se aprueba esto, se daría lugar a la revisión de los casos de lesión de confianza y también caerían aquellos casos de lavado de activos que tiene como precedente a la lesión de confianza, o sea el perjuicio que se haría en el poco avance que hemos tenido en la lucha de la corrupción, estaríamos matando en el poco tiempo conquistado”, acotó, destacando además las eventuales consecuencias a la evaluación de Gafitat, que por poco incluye a nuestro país en su lista gris de países vinculados al lavado de dinero.
También archivaron modificación del “procedimiento abreviado”
A renglón seguido, en el siguiente punto del orden del día también se aceptó el veto del Ejecutivo al proyecto de ley “que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley Nº 1286/1998, Código Procesal Penal” sobre procedimiento abreviado.
En este caso, Vallejo también fue la vocera para la aceptación del veto, ya que la iniciativa inicialmente había sido pensada con el fin de ayudar reducir la población carcelaria, pero con las modificaciones introducidas en el Senado, la ley hubiese terminado favoreciendo no solo delincuentes de guantes blancos, sino también a criminales como narcotraficantes, asesinos y abusadores.
“La gravedad de este proyecto es que se establece que este procedimiento abreviado, que viene a ser como un mini juicio consensuado entre la Fiscalía y el acusado, puede aplicarse en realidad a todo tipo de hecho punibles”, afirmó y explicó más detalladamente el porqué, que guarda relación con la reforma, que fue elevar de 5 a 12 años la expectativa de pena para acceder a este beneficio.
“Se establece que se puede aplicar a casos con una expectativa de pena de hasta 12 años. Expectativa de pena es lo que espera el fiscal aplicar a un caso dado, sin embargo, un homicidio que tiene un marco penal de 5 a 20 años y puede llegar a 30, ¿puede tener una expectativa de pena de 12 años?, y si puede tener… o violación de niños”, dijo.
El diputado Daniel Centurión (ANR, FR) también respaldo del veto y reprochó las modificaciones introducidas por la anterior Cámara de Senadores, calificándolas cuanto menos de “tremendamente irresponsables”.
La líder de la bancada de Honor Colorado, Rocío Abed también comunicó el acompañamiento de su bancada a las argumentaciones de Vallejo, pero no obstante recogió el compromiso de trabajar a futuro eventualmente una reforma positiva, pero más bien relacionada al figura de la “delación premiada”, que es ligeramente distinta al procedimiento abreviado.